Las personas en situación de calle, privadas de su libertad y migrantes deben ser vacunadas contra el Covid19, pues se encuentran prácticamente invisibilidades por el sector público y son objeto de ninguneo por parte de autoridades de todos los órdenes de gobierno.
Verónica Juárez Piña, coordinadora de PRD en la Cámara de Diputados, defendió el derecho de este sector de la población a fin de que también sean inmunizados.
Denunció ante la omisión de las propias autoridades a informarles sobre sus derechos, entre ellos el de la salud, permanecen prácticamente ignoradas en cuanto a medidas de prevención, atención y curación ante la pandemia.
En vez de informarles y prevenirles, o, en su caso, tomar las medidas pertinentes para evitar que enfermen por contagio del coronavirus SARS CoV2, incluso se les mantiene en condiciones deplorables que potencian el peligro en que ya están.
Juárez Piña dijo que en el caso de los migrantes de diversas nacionalidades en tránsito por territorio nacional hacia Estados Unidos que, cuando son detenidos por autoridades mexicanas, son hacinados en instalaciones insalubres y deplorables que ni siquiera tienen agua corriente, menos alimentación o cumplimiento de mínimos estándares internacionales.
Manifestó que algo parecido sucede con las personas privadas de su libertad o bajo custodia de autoridades en cárceles federales o estatales -muchos de ellos inocentes-, quienes igualmente viven en situación de grave hacinamiento.
Respecto a las personas en situación de calle -cuyo número habría aumentado considerablemente a causa de la pandemia y la crisis económica en varias zonas del país-, apuntó que existe la misma actitud de ignorarlas, como si el hecho de que no tuvieran un domicilio fijo implicara que no existen.
Juárez Piña reconoció avances en el proceso de inmunización de personas mayores de 60 y 50 años, así como entre el personal docente y sanitario, pero lamentó que también se haya marginado a quienes prestan sus servicios fuera del sector público y que, desgraciadamente se encuentran expuestos al contagio.
“Todas estas personas tienen tanto derecho a vacunarse como cualquier otra y, sin embargo, prácticamente ninguna autoridad estatal o federal ha señalado cómo será el proceso por el cual se les vacunará” y que la sociedad, a su vez, “hace caso omiso de las responsabilidades del Estado Mexicano, primordialmente por prejuicios”, concluyo.
