La Guardia Nacional, como está diseñada por el gobierno federal provoca temores y desesperanzas entre defensores de los derechos humanos y especialistas en materia de seguridad.

A esto se suma la percepción de que se trata de una decisión ya tomada, advierte el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

“Llama la atención que, de manera paralela a la realización de estas audiencias, que en el contexto de austeridad imperante ha sido objeto de una amplia difusión, se haya iniciado, si no formalmente, cuando menos mediáticamente el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional. Además, de que en el Presupuesto de Egresos se hayan contemplado recursos para su implementación operativa, lo cual haría presumir que con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH

De acuerdo con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, quien dijo que emitía sus declaraciones a título personal, la Guardia Nacional significa la militarización de la seguridad pública y el peor escenario porque se brindará demasiado poder a las fuerzas armadas y no hay nada que garantice que lo quieran dejar.

“¿Qué haremos si se cumple este perverso ciclo de la confianza en las Fuerzas Armadas? Es decir, si después de unos años tenemos un número aún mayor de casos de violaciones de derechos humanos y con Fuerzas Armadas deslegitimadas esta vez, pero aún más empoderadas, sin controles y con una inercia organizacional que las llevará a defender los intereses generados por su intervención”.

En esto coincidió Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien advierte que los diputados quieren perpetuar algo que debería ser temporal y extraordinario.

“En efecto la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que se conciben no sería extraordinaria pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía independientemente una labor que debe de estar circunscrita a criterios de estricta necesidad”.

Incluso, dice Alejandro Hope, quieren un mando militar transitorio, pero en un largo periodo de cinco años, lo que considera una necedad cuando pueden colocarlo desde ya en el mando civil.

“Se señala en el dictamen que eventualmente quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que en los términos del artículo quinto transitorio el nuevo cuerpo pasará sus primeros cinco años de vida en la Sedena. Y eso lleva a una pregunta obvia, si los promotores de la Guardia Nacional consideran que esta debe estar ubicada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿por qué no colocarla ahí desde el inicio? ¿Por qué el quinquenio de transición?”

Si no se toman en cuenta estas consideraciones, advierte el investigador Ernesto López Portillo, se corre el riesgo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea sancionado internacionalmente.

“Aprobar la Guardia Nacional sin una verdadera ponderación de riesgos en el uso de la fuerza a partir de la evidencia disponible implica una terrible irresponsabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha revisado la evidencia una y otra vez, acumulando sentencias: 2003 Guatemala, 2006 Venezuela, 2007 Ecuador, 2009 Venezuela, 2010 México, Brasil 2010 y México otra vez, dos sentencias, 2018”

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