Las estrategias del gobierno federal sobre seguridad y justicia son una regresión a los avances en materia de derechos humanos, consideró Ericka Zamora Pardo, activista e integrante de la Red Década contra la Impunidad.

Y mientras asegura que la creación de la guardia nacional significa la militarización de la seguridad pública, Ericka Zamora considera que la propuesta de amnistía sin consultarlo con las víctimas representa un acto autoritario.

La Guardia Nacional significa legalizar aún más la presencia de los militares en seguridad pública “que sabemos no están preparados para interactuar con civiles y que su preparación es de aniquilamiento para quienes consideran es el enemigo”, dijo.

Reiteró el llamado e insistencia de organizaciones de la sociedad civil para que la seguridad publica recaiga en un civil y que entre sus filas existan además personas con capacidad de interactuar y saber dirimir conflictos sociales entre la autoridad, fuerzas policiales.

Ericka Zamora, sobreviviente de la matanza de El Charco, cuando militares atacaron a un grupo de activistas y campesinos indígenas el 7 de junio de 1998 y que después fuera encarcelada acusada de ser guerrillera, calificó además como negativa la manera en que unilateralmente el gobierno ha decidido excarcelar a lo que llama presos políticos.

“La lista que se entregó a la Secretaría de Gobernación, no toma en cuenta ni a las organizaciones sociales ni a los familiares de presos políticos; no hubo una interacción con organizaciones y entonces muchos que están en esta lista dicen, yo no voy por la amnistía, yo soy inocente y como tal quiero salir inocente de la cárcel”.

A finales de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó abrir una investigación en contra del Estado Mexicano por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura por los hechos de la matanza de El Charco en 1998, de los cuáles Ericka Zamora Pardo es sobreviviente y aún espera castigo a los responsables.

Sin embargo, que la CIDH haya aceptado esta investigación genera un precedente importante en el país, “porque a pesar de todas las violaciones y abusos que ha cometido en el país, este es el primer caso de masacres en el que está acusado el ejército mexicano y por supuesto generaría un precedente particularmente en este contexto que estamos viviendo de la guardia nacional”.

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