Hasta 10 años podrá durar en el cargo un líder sindical, propone senador de Morena

El senador de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que “el máximo dirigente sindical no podrá sumar con tal carácter, más de 10 años activos, sea en forma consecutiva o interrumpida”.

Recordó que en septiembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los cambios que sientan las bases para “un renovado sindicalismo”, pero la legislación no precisó el tiempo que pueden durar en el cargo los líderes de los sindicatos, por lo que en la práctica permite la perpetuación de dirigencias y violenta de manera flagrante el derecho de votar y ser votado de las y los trabajadores.

Dijo que se debe de garantizar la democracia en sindicatos y no basta con establecer un procedimiento para el voto personal, libre, directo y secreto.

Luego de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión para avanzar en los principios de la democracia sindical, el senador consideró indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo en el cargo de dirigentes sindicales.

No basta con establecer un procedimiento de voto personal, libre, directo y secreto; se requiere, asentó el legislador de Morena, que la Ley sea más determinante para impedir que haya dirigentes más allá de periodos razonables.

Se necesitan, explicó Gutiérrez Castorena, acciones más eficaces y puntuales para el desarrollo de una cultura democrática, igualitaria, de movilidad sindical y de renovación generacional.

El proyecto, que se analizará en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, también sugiere que, en casos específicos, se tiene que observar el principio de paridad de género y consideró importante incorporar el concepto de igualdad de género para que las trabajadoras puedan ejercer sus derechos de democracia sindical y asumir cargos como dirigentes.

Planteó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueda recibir quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de elección sindical y, en caso de evidencias debidamente sustentadas y graves, disponer la reposición de la elección bajo su vigilancia.