Hijos de personas privadas de la libertad no deben ser “invisibles” para el Estado: Geovanna Bañuelos

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos de la Torre, manifestó que actualmente las hijas e hijos de personas privadas de su libertad son “invisibles” para el Estado, al ser desconocidas sus necesidades primordiales.

A fin de garantizar el interés superior de la niñez, la legisladora propuso modificar la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal para que hijos e hijas de personas privadas de su libertad reciban servicios de salud y acompañamiento psicológico que garantice su desarrollo y bienestar.

En una iniciativa que presentó a la Comisión Permanente, dijo que niñas, niños y adolescentes, con un padre o madre privado de la libertad, son inocentes toda vez que ellos no han cometido ningún delito ni deben ser castigados, estigmatizados y ni sufrir ningún tipo de violencia en el hogar, escuela, comunidad o en el sistema penitenciario por la conducta de sus padres”.

Centros de Readaptación Social

Geovanna Bañuelos conminó a las autoridades a hacer un análisis profundo y exhaustivo sobre la situación que atraviesan los Centros de Readaptación Social tanto en el ámbito federal como estatal, pero sobre todo de las condiciones de desarrollo e integridad de los internos y de sus hijos menores.

“Debemos dotar a las hijas e hijos menores un acompañamiento psicológico que les ayude a garantizar su bienestar ante la situación que conlleva el distanciamiento y los múltiples cambios que sufren derivado de la situación de sus padres o madres”, aseveró la líder petista.

También planteó establecer como obligación de los centros penitenciarios el recibir y salvaguardar la información relativa a los hijos e hijas de personas privadas de la libertad y de quién tiene la custodia para que sea proporcionada a las autoridades correspondientes para que brinden los servicios de atención y seguimiento que en su caso requieran para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

ZG