Miroslava Breach, Javier Valdez, Salvador Adame, son nombres que pasarán a la historia reciente de nuestro país como las víctimas de la “libertad de expresión de los asesinos”, donde ni los mecanismos de protección ni una fiscalía garantizan el trabajo de los periodistas.
El asunto no pasa desapercibido para los organismos multinacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales enviaron a sus representantes entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre.
En sus conclusiones, David Kaye y Edison Lanza se dijeron horrorizados con las historias de más de 250 periodistas, quienes relataron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado, como el acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda en la labor de informar.
Como consecuencia de esas realidades, los relatores demandaron la creación de dos comisiones independientes para la investigación de crímenes contra periodistas. La primera indagaría los casos sobre asesinatos a periodistas y la segunda investigaría el uso del software Pegasus para espionaje.
“La violencia es a nivel local y se expande a muchas partes del país. Por ello, instamos al Gobierno a que dedique más recursos y mayor presencia estatal para proteger a los periodistas y a sus familias”, explicó Kaye, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión.
Destacaron que México dio un buen paso al crear estas instituciones de protección; sin embargo, ahora deben proporcionarles las herramientas necesarias para ser efectivas.
“El Gobierno mexicano nos recibió a primera hora del día de hoy y aún no nos ha dado respuesta, pero recibió nuestras recomendaciones de manera positiva”, aseguró Lanza, relator especial de la CIDH.
Para proteger la independencia de los medios de comunicación y de sus trabajadores, el equipo de relatores también instó a adoptar una ley para regular la publicidad oficial que las administraciones públicas destinan a la prensa.
“La necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales. Garantizar la seguridad de los y las periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público”, dijeron los expertos, en una declaración conjunta al final de su visita.
