Hospital Infantil compra a empresa ligada con fraude

ITZEL DÍAZ

El Hospital Infantil de México “Federico Gómez“ (HIMFG) celebró al menos 23 contratos por más de 33 millones de pesos para la compra de medicamentos con la empresa Labssa S.A de C.V., compañía señalada por, presuntamente, vender medicamentos apócrifos al estado de Veracruz durante la administración del exgobernador Duarte.

Según documentos obtenidos a través de Transparencia, los contratos de Labssa con el Hospital Infantil comenzaron el 15 de junio de 2012, cuando se autorizó el contrato RM-MT-0244/12, por 3 millones 356 mil 369.52 pesos, contrato del tipo “no abierto” y programado (es decir, que fue aprobado por una licitación publicada en años previos); este contrato fue una solicitud de excepción de licitación pública para realizar, en forma de adjudicación directa, la adquisición de diversas pruebas de laboratorio con suministro de equipos y suturas.

En este contrato se especifica que la licitación cubre un periodo plurianual, es decir, abarca los años 2009, 2010 y 2011.

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Para 2013 el hospital autorizó 3 millones 662 mil 973.92 pesos para adquirir productos químicos básicos con Labssa; en el 2014 se autorizó otro presupuesto, esta vez por 5 millones 493 mil 923.79 pesos, también derivado de una contratación plurianual que se encuentra vinculado al contrato RM-MT0232/13.

En 2016, el HIMFG autorizó un presupuesto más para comprar a Labssa pruebas de laboratorio con suministro de equipos para los ejercicios del 2016, 2017 y 2018.

Esto implica que la empresa señalada por vender medicamento apócrifo surtirá al hospital durante por lo menos año y medio más.

Todavía el 2 de marzo del 2017, pese a los antecedentes de pertenecer a una lista negra de empresas envueltas en fraudes, el HIMFG autorizó un contrato más con Labssa, actualmente vigente, por 174 mil pesos.

Antecedentes veracruzanos

El 18 de enero de este año, el gobierno de Veracruz emitió un comunicado, en el cual indicó que se estableció contacto con las autoridades de la Secretaría de Salud federal, en particular con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para iniciar, de manera conjunta, la revisión de cinco empresas relacionadas con los hechos presentados desde 2010, entre las cuales ubicó a Labssa S.A de C.V.

CAPITALMEDIA buscó a Labssa para conocer su postura acerca de las acusaciones en las que se le involucra, no obstante la empresa se negó a conceder la entrevista. También se solicitó la versión del HIMFG, pero también se negó; por su parte, el gobierno de Veracruz no ha emitido información sobre el alcance que tuvo el fraude en el estado.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Contratos del Sector Público indica que no podrán contratar con el sector público las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, exacciones ilegales, entre otros delitos.

En este sentido, Jorge Asbun, abogado penalista, indicó que la Cofepris es la reponsable de realizar visitas de vigilancia sanitaria, de encontrar irregularidades y establecer medidas cautelares, tales como el aseguramiento de medicamentos o la prohibición de realizar actos de venta, así como la restricción de licencias sanitarias.

El especialista indicó que si la Cofepris determinaba que, efectivamente, Labssa distribuía medicamento apócrifo, tendría como consecuencias la revocación de su licencia sanitaria y la necesaria presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que se trata de un delito de carácter federal.

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Sin embargo, Labssa no ha sido condenada mediante sentencia firme, por lo que es una empresa disponible para continuar licitando.

Tras la denuncia por parte del gobierno del puerto, la Cofepris emitió un comunicado el 17 de febrero de 2017 “Resultado de la investigación del caso Veracruz”, donde informó que Labssa no se encontró en el domicilio reportado, lo cual significa que la Comisión no efectuó inspección sanitaria alguna.

En contradicción con lo anterior, Lasbssa tiene registrado, tanto en su página web, como en los contratos que firma, un domicilio en la colonia Portales de la Ciudad de México.

Aunque CAPITALMEDIA solicitó entrevistas con funcionarios de la Cofepris para tratar el tema, después de dos semanas de buscar la versión de la autoridades sanitarias, éstas no concretaron un encuentro.

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GG