Impecable la controversia constitucional interpuesta por Laura Rojas: Adame

Marco Antonio Adame Foto: Internet
Marco Antonio Adame Foto: Internet 

El legislador panista afirmó que el acuerdo del presidente para militarizar la seguridad pública de manera lisa y llana vulnera de manera masiva el régimen de división de poderes y de reserva de ley.


El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame Castillo, defendió la actuación de la presidenta de este órgano parlamentario, Laura Rojas, en la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia en contra del acuerdo presidencial del 11 de mayo que incrementa la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024.

Afirmó que la Presidenta de la Cámara de Diputados sólo ha cumplido con su obligación de proteger, promover y hacer efectivos la división de poderes y los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

Manifestó que la actuación de la diputada Laura Rojas ha sido impecable, tanto en términos de forma como de fondo, toda vez que la demanda busca la defensa del régimen republicano y la división de poderes, principios consagrados en la Carta Magna.

Ahora, destacó, corresponde que con estricto apego a la legalidad sea la Suprema Corte de Justicia la que decida sobre de la controversia.

Adame Gutiérrez comentó que la Controversia Constitucional suscrita por Laura Rojas está contemplada en los artículos 9º y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente en el numeral 2 del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

“Ahí claramente se señala que el presidente de este órgano podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de receso”, precisó.

El legislador panista afirmó que el acuerdo del presidente para militarizar la seguridad pública de manera lisa y llana vulnera de manera masiva el régimen de división de poderes y de reserva de ley.

“De lo que se trata no es de malograr la facultad de disposición de las Fuerzas Armadas contenida en el artículo Quinto transitorio de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional, sino de que precisamente esa atribución se realice conforme al orden constitucional y convencional”, indicó.

Además, se busca blindar jurídicamente la actuación de las tropas del ejército y la marina cuando participen en seguridad pública. No podemos olvidar que nuestro país está siendo sujeto a revisión y debe cumplir con sentencias muy relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el ex gobernador de Morelos no se debe pasar por alto que el artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que son precisamente algunos de los objetivos de la presidenta en esta acción jurídica.