Inaplazable aprobar sanciones para prohibir el intercambio de niñas y adolescentes con fines de matrimonio

 

Estas prácticas son muy comunes en zonas indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, indicó legisladora petista


El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de diputados urgió a aprobar reformas para sancionar el intercambio de niñas y adolescentes con fines matrimoniales y prohibir de esta forma que se continúe dando esta práctica en algunos estados del país.

Con este motivo, la diputada Margarita García García presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Indicó que, pese a las reformas hechas al Código Civil en 2019, en donde se establece que para contraer matrimonio se requiere haber cumplido 18 años de edad, aún prevalecen este tipo de actos por usos y costumbres de las comunidades originarias, donde es común el trueque de las hijas por animales o dinero.

Comentó que estas prácticas son muy comunes en zonas indígenas, especialmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo que mantiene la desigualdad de género, misma que afecta y vulnera los derechos, principalmente de las niñas, quienes sufren un mayor riesgo de vivir violencia y tienen menos acceso a la educación.

Reiteró que, con la reforma en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se señalará con claridad que estarán sujeto a sanciones quienes no respeten la edad para contraer matrimonio y quienes ejerzan la venta de niñas y adolescentes para ese fin; de tal forma que quienes incurran en las infracciones, se les impondrá una multa de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La legisladora afirmó que con la propuesta presentada en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se le atribuirá dentro de sus funciones, la erradicación de la venta e intercambio de niñas y adolescentes, para que, con ello, se sancionen y prevengan los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas que los sufran.

AGM