La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), analiza si debe interponer en los primeros días de febrero una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos o contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, según en donde tengan más afectaciones.

“Son las dos las que tenemos que analizar cuál está impactando para armar el caso jurídico. Estamos analizando sobre qué elementos podemos nosotros controvertirnos”, dijo el presidente del INEGI, Julio Santaella.

En conferencia de prensa Santaella dijo que el presupuesto aprobado para el INEGI en 2019 obligó a hacer ajustes en prestaciones, salarios del personal y proyectos de información.

Dijo que con el presupuesto aprobado 12 mil 129 pesos con 6 centavos, destinarán 5, 447.7 para la ronda censal, específicamente para el Censo de Población y Vivienda 2,813.1 y para Censos Económicos 2,634.6; mientras que para programas regulares 6,681.9.

Según, debido a este presupuesto, no se podrán llevar a cabo el siguiente censo y encuestas:
Censo Agropecuario, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA); Encuesta Nacional de Gastro en los Hogares (ENGASTO); Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP); Encuesta Nacional de los Hogares (ENH); Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN); Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL); Encuesta Nacional de Trabajo Infantil; y la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) cobertura regional, debido a que se quedaron sin financiamiento externo.

Únicamente se quedaron con financiamiento externo la Encuesta Nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (ECOPRED); Encuesta Nacional de uso de las tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH); Encuesta Nacional Sobre uso del Tiempo; Encuesta Nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (ENAID); y Encudsta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENGRIGE).

Santaella dijo que en el impacto en recursos humanos por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, trabajadores del instituto también prevén demandas de amparos, ya que el INEGI canceló el seguro de gastos médicos mayores, reducción de sueldos, cancelación del seguro de separación individualizado.

TE PUEDE INTERESAR:

[twitter url=”https://twitter.com/CapitalMexico/status/1088210015767257089″]