Juez federal vinculó a proceso a ex Director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL

Un juez federal vinculó a proceso a José Antolino Orozco Martínez, quien se desempeñaba como Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por ser probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

La indagatoria revela que, Orozco Martínez, contrató en 2014, ilícitamente servicios con recursos públicos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 77 millones 847 mil 014 pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, contraviniendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos subcontrató el 93.98% del importe recibido y además no prestó el servicio

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo dicha vinculación a proceso luego de que a finales del mes pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra de José Antolino Orozco Martínez.

Posteriormente, se llevó a cabo audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso, por hechos consistentes en que esta persona probablemente contrató ilícitamente, servicios con recursos públicos, a una casa de estudios del estado de Morelos.

En la citada audiencia inicial, la defensa particular solicitó el diferimiento de la misma para dar oportunidad de presentar un dictamen pericial, razón por la cual se programó la continuación para los primeros días de octubre.

Ya en dicha audiencia, el juez de control resolvió vincular a proceso a Orozco Martínez, respecto de los hechos imputados por la FGR, decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de investigación complementaria de 60 días naturales.