La perspectiva de género es garante de derechos humanos de las mujeres: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó la liberación de 74 mujeres de la “Escuela Normal Rural Mactumactza”, quienes fueron privadas de su libertad (detenidas) el pasado 18 de mayo, luego que un juez de control del penal “El Amate”, en Chiapas, les decretó vinculación a proceso pero podrán seguir su proceso en libertad, acudiendo a firmar cada 15 días.

“Yo estoy segura que la perspectiva de género en el juzgador estuvo presente, y eso me da mucho gusto porque así podemos ser garantes de los derechos humanos de las mujeres”.

Al encabezar la inauguración del Segundo Curso de Capacitación sobre “Feminicidios, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género”, Sánchez Cordero, reiteró que a través de los siglos las mujeres en México han tenido una desventaja histórica.

“Nuestro género ha sido percibido como inferior y sistemáticamente ha sido tratado como tal, como inferior, esto pasó también en la notaría, en la integración de los notarios y en muchos otros ámbitos de la vida pública y de la vida privada de las empresas, en fin”.

La secretaria, dijo que las mujeres enfrentan obstáculos, como la discriminación y dijo que hay diferentes formas de invisibilización y revictimización.

“Esta situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos frente al sistema de justicia impide que alcancemos el disfrute de una vida libre de violencia”.

Y destacó que aunado a esta situación extendida y generalizada, lamentablemente hoy en día persisten con insistencia las visiones estereotipadas y los prejuicios sobre las mujeres.

“Se nos califica como merecedoras, mártires, incluso provocadoras de los actos de violencia en nuestra contra, así de terrible y así de esta realidad tan lacerante, somos las responsables de las conductas de violencia en nuestra contra, imagínense”.

La Ministra en retiro, destacó que si los valores socioculturales discriminatorios afectan la investigación de los casos y la valoración de la prueba se obstaculiza el acceso a la justicia.

“Se acallan las voces y demandas de las mujeres, se perpetúa la desigualdad de género, esto es inadmisible, esto tiene que cambiar, esta realidad es otra ya, si este imaginario discriminatorio de estereotipos y prejuicios existe también entre nuestros mismos servidores públicos, nos encontramos frente a una paradoja, porque sin perspectiva de género no es posible la administración de justicia”.

La funcionaria, dijo que para revertir la normalización de estas conductas, el estado mexicano tiene obligaciones concretas específicamente y especialmente, respecto a los servidores públicos, cuyos actos son de especial trascendencia para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

“Por un lado, los órganos y agentes Estatales deben abstenerse de incurrir y subrayo, deben de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica que discrimine directa o indirectamente a las mujeres, y por otro lado, son responsables de prevenir tales actos mediante la capacitación y la aplicación de disposiciones jurídicas y este es el caso, la capacitación en este curso”.

La abogada, dijo que necesaria la capacitación de personas servidoras públicas sobre la perspectiva de género que requiere la atención a mujeres víctimas de violencia.

“La obligación de las autoridades involucradas en la administración de justicia es doble, como miembros de una sociedad respetuosa de los derechos humanos y como servidores públicos, garantes de los derechos humanos de las mujeres”.

La responsable de la política interior del país, destacó que desde la Secretaría de Gobernación y a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), se desarrolló este curso para introducir la perspectiva de género en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, para fortalecer las capacidades de quienes tienen el importante encargo de facilitar el acceso a la justicia.

Al dirigirse a los participantes del curso de capacitación, señaló que a lo largo de cinco días de trabajo intenso, escucharán a personal docente, a personas servidoras públicas y activistas expertas, discutirán aproximaciones a la violencia con perspectiva de género,

“Explorarán el panorama nacional sobre las violencias contra las mujeres y estudiarán los marcos normativos y los precedentes judiciales, que les van a servir y le aplican y las aplicamos y analizarán los mecanismos, los modelos de atención y los criterios de investigación pericial relevantes, para utilizar la perspectiva de género”.

En la ceremonia realizada de manera virtual, enfatizo que el curso de capacitación, es un ejercicio educativo esencial para que las autoridades mexicanas aporten al avance de la igualdad de género y a la atención, sanción y eventual erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres.

“Impulsarla, esta capacitación, para el acceso a la justicia con perspectiva de género nos hace sensibles a los problemas de la subordinación de la mujer, nos permite identificarlo, entenderlo, abre la puerta a explorar formas de hacerlo operante”.

También señaló que dicha capacitación sobre perspectiva de género obviamente debilitará las profundas raíces culturales del sistema patriarcal que ha sido parte de nuestra historia.

“Tenemos esa responsabilidad y el compromiso de que nuestro trabajo cotidiano en los ministerios públicos, en las fiscalías, en los tribunales, en el Poder Judicial y en la seguridad jurídica, garanticen este acceso a la justicia con igualdad”.

Y agregó que la tares es necesaria en todo el proceso de investigación de delitos, desde el inició de la investigación, hasta su judicialización y ya también en la impartición de justicia por supuesto.

“Si logramos imbuir nuestras funciones de perspectiva de género crítica y puntual, seremos testigos de una transformación de las prácticas que invisibilizan y naturalizan la violencia de género”.

Finalmente, dijo esperar que al terminar este curso, el ejercicio de sus funciones se complemente con conocimientos que contribuyan al objetivo de beneficiar a las mujeres sobrevivientes de violencias, que el esfuerzo de capacitación se refleje en el quehacer institucional en materia de violencia en contra de las mujeres.