Buscan capturar al otro Duarte

 

Por el delito de peculado y desvío de recursos de alrededor de 79 millones de pesos


El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto, informó que solicitó el martes pasado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) una segunda ficha roja de localización en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte por el delito de peculado y desvío de recursos de alrededor de 79 millones de pesos.

“El punto central es que retenía entre 5 y 10 por ciento del salario a los trabajadores en contra de su voluntad, esto se concentraba en la Secretaría de Hacienda la cual emitía cheques a nombre propio, depositaban en una empresa particular y esa empresa entregaba el dinero en efectivo con un recibo al secretario de Finanzas del PRI de Chihuahua de más o menos 79 millones de pesos”, declaró.

Indicó que esta es la segunda emisión de una alerta pues la primera era de ámbito local y esta será la primera ficha de naturaleza federal contra el exmandatario.

Informó que ya se ejerció acción penal en contra de otros cuatro exfuncionarios, entre ellos el secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, además del secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal.

Sobre el caso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, declaró que ya se recibió una denuncia por el condicionamiento de programas sociales y por desvío de recursos hacia la campaña del candidato priista, Manuel Cota, para las pasadas elecciones en el estado.

Indicó que hay una grabación en la que supuestamente se escucha al gobernador dar indicaciones sobre cómo otorgar los apoyos del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) por lo cual se solicitó a la persona que grabó al exmandatario aportar los audios para “dar un valor probatorio dentro de la carpeta de investigación”.

TABLA

Pena de hasta nueve años de cárcel

El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, violó el artículo 11 de la ley general en materia de delitos electorales, según indicó el titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto.

Tal ilegalidad establece una penalidad de dos a nueve años de prisión en contra de los servidores públicos que retengan aportaciones de los trabajadores.