Libran la destitución Lobo y Cristina García Cepeda

A unos minutos de iniciar la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se abordaría la posible destitución de la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, y el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, se desactivaron ambos juicios.

En el caso de la funcionaria federal, la SCJN revisaba una inejecución de sentencia de amparo promovida por trabajadores de la Secretaría de Cultura, quienes demandaban otorgar contrato laboral de base a Alberto y Javier Ortiz Hernández, con la categoría de tramoyistas y a Pedro Ávila Jiménez, con la categoría de asistente técnico.

Asimismo, el amparo obtenido por estos tres empleados ordenaba además que fueran registrados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de manera retroactiva desde su ingreso, así como respetar su antigüedad.

El proyecto de sentencia, diseñado por el ministro José Fernando Franco González Salas, establecía que García Cepeda fuera separada de su cargo y consignada ante un juez, el mismo procedimiento que aplicó al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno; sin embargo, la noche del miércoles, a las 23:55, se recibió un oficio del presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde informa que quedó cumplido su laudo, por lo que el ministro ponente solicitó retirar el asunto.

En el caso de Lobo, el proceso inició con una queja interpuesta por una empresa denominada Aceros La Brecha SA, la cual se inconformó por una visita de verificación de construcción y edificación, y solicitó la anulación de esa inspección, a lo que se negó la autoridad delegacional.

Ante ello, promovió un juicio de nulidad ante la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México; aunque la delegación Gustavo A. Madero se inconformó, la sentencia fue ratificada por la Sala Superior del mismo Tribunal.

La delegación se negó reiteradamente a cumplir la sentencia judicial, por lo que tuvo que pagar dos multas de 50 y 80 veces la Unidad de Medida (UMA), unos 3 mil 652 pesos y 5 mil 843 pesos, respectivamente, con valor de la UMA en 2016, cuando fueron impuestas las sanciones.

Sin embargo, apenas el miércoles a las 15:56, la SCJN recibió el oficio del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en donde manifiesta que quedó debidamente cumplida su sentencia y el quejoso restituido en sus derechos, por lo que el ministro ponente solicitó retirar el asunto.

En ambos casos, la SCJN informó que el retiro de los proyectos de sentencia tenía como objetivo analizar los documentos exhibidos y, en su caso, decidir si satisface las condiciones impuestas, o se presentaría un nuevo proyecto de sentencia.

TABLA

Piden respeto

Previo a la sesión en que se determinó retirar los proyectos que ordenaban la destitución, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, advirtió que “cada sentencia es el producto del sometimiento de las partes al orden y prevalencia de la ley, por eso cada sentencia debe cumplirse”; agregó que no existen sentencias importantes y otras no, aunque reconoce que en ocasiones los montos o nombres de los involucrados pueden parecer menores, el cumplimiento de la ley es lo relevante, porque “si no se cumplen las sentencias, el estado de derecho no es más que una ficción y las sentencias no valdrán ni el papel en que están impresas”, concluyó el presidente de la SCJN.