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Lunes 19 de Noviembre 2018

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Limitan actuación policial en Coahuila

El objetivo del Congreso local es erradicar los abusos de autoridad. Foto: Eduardo Jara Foto Capital Media
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29 de Septiembre 2017
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Se propone creación de la Ley para el uso legítimo de la fuerza pública

MARTHA BRIONES

El Congreso de Coahuila dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto propuesta por la fracción parlamentaria del PRI, donde se propone la creación de la Ley para el uso legítimo de la fuerza pública, que busca regular los límites en la actuación de los elementos de seguridad pública y erradicar los abusos en los que incurren al tratar de “aplicar” la ley.

“Lo que se pretende es crear un marco jurídico y poner límites, porque en algunas circunstancias el uso de la fuerza restringe las libertades de otras personas”, explicó su promotor, el diputado Julián Eduardo Medrano Aguirre.

La propuesta del legislador priista ocurre luego del asesinato –en agosto pasado- del maestro Rafael Pérez Hernández, quien fue golpeado brutalmente por cuatro oficiales de la policía municipal que le provocaron la muerte.

Medrano Aguirre comentó que como el caso del profesor de primaria hay otros que no han sido resueltos por la autoridad ministerial y donde se tiene que poner especial atención.

“Lo más reciente es el caso de esta víctima, que presuntamente se resistía al arresto mientras alteraba el orden público y fue sometido por los policías municipales quienes lo violentaron hasta matarlo”.

Medrano Aguirre precisó que son las corporaciones policiacas las que encabezan las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos por excederse en sus funciones al tratar de sancionar a una persona.

“Hay datos, por ejemplo, del 2016 cuando se recibieron 511 denuncias por violación a los derechos humanos y de ésas, 30 por ciento fue contra los policías”.

Las denuncias que más se reciben por su actuación son para la Policía Investigadora y Fuerza Coahuila –ambas estatales-, y también para los miembros del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM), así como para las corporaciones municipales.

El diputado afirmó que una vez que se apruebe la legislación se definirán las condiciones para justificar la fuerza pública y prever un sistema de responsabilidad para los casos –como el de los municipales- que traspasen los límites y provoquen daños a la población.

“Si no tenemos un marco jurídico se puede dar lugar al abuso y a que las actuaciones de los elementos no puedan sujetarse a vigilancia, control y análisis constante, pues no habrá directrices sobre el uso de la fuerza con las cuales anteponer sus actuaciones”.

Aseguró que la legislación no sólo estipulará lo relativo al ejercicio de la fuerza pública, sino también derechos y obligaciones referentes a la capacitación y el equipamiento de los cuerpos de seguridad que permitan prevenir y erradicar el uso excesivo o ilegal de la fuerza pública.

Esto significa que la fuerza debe utilizarse como último recurso y, en caso necesario, usarla gradualmente y garantizar el ejercicio del derecho de las personas a reunirse en lugares públicos de forma pacífica, con cualquier propósito lícito, sin que por ese motivo puedan ser sujetos a la fuerza pública, detalló.

 

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