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Llaman magistrados a preservar autonomía del Poder Judicial ante amenaza de Ley Zaldívar

Ley Zaldívar Foto: Milenio
Ley Zaldívar Foto: Milenio 

La magistrada Irma Caudillo subrayó la necesidad de preservar la autonomía y la independencia de los juzgadores no solo con reformas legislativas, sino con acciones del propio Consejo de la Judicatura.


Un llamado a respetar la autonomía e independencia de los juzgadores hicieron magistrados del Poder Judicial de la Federación y de tribunales estatales, ante la vulneración a dichos principios que a su juicio representa la “Ley Zaldívar”.

Advirtieron que no solo el artículo décimo tercero transitorio que amplía dos años el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte, sino también otras disposiciones de la reforma al Poder Judicial que fueron aprobadas por Morena y aliados, amenazan la función de los jueces.

En el marco del seminario virtual “Autonomía e independencia judiciales, división de poderes y democracia” organizado por las diputadas Martha Tagle, Pilar Ortega, Mariana Rodríguez, Verónica Juárez y Lorena Villavicencio, los magistrados dijeron que la Ley Zaldívar puede terminar con el poco prestigio que tienen las instituciones en México.

Ariel Alberto Rojas, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, alertó sobre las reformas “aparentemente democráticas” que atentan contra principios como los derechos humanos, la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia judicial.

“Yo insistí en que era el peor momento para hacer una reforma judicial y creo que no me equivoque. El treceavo transitorio es una consecuencia de toda la perversidad, la falta de respeto al procedimiento legislativo, a la democracia, al principio de supremacía constitucional, que ha puesto en jaque el poco prestigio que en un momento dado pudieran tener las instituciones en nuestro país”, puntualizó.

La magistrada Irma Caudillo subrayó la necesidad de preservar la autonomía y la independencia de los juzgadores no solo con reformas legislativas, sino con acciones del propio Consejo de la Judicatura.

“No todo está mal en reforma, debemos reconocer que hay puntos muy buenos en la reforma, pero que se pueden enriquecer, como es el tema de la autonomía e independencia, y en este momento la autonomía e independencia no solo podemos decir que está su vulneración o posible vulneración en el trece transitorio, sino en otros artículos más de la reforma que quedaron posiblemente cortos”, dijo.

La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza, secundó el llamado a velar por la independencia de los jueces, al tiempo de subrayar que no es posible “pasar por alto” lo que puede representar una vulneración al Poder Judicial

“Las juezas y los jueces deben tener la posibilidad efectiva de resolver las controversias puestas a su consideración sin temor a represalias y eso solo se logra con un Poder Judicial fortalecido, autónomo, independiente, que a su vez garantice las condiciones óptimas para el buen desarrollo de las funciones de los operadores jurisdiccionales (…); no se puede dejar pasar por alto lo que pudiera constituir tal vez una problemática para lo que representa el Poder Judicial, como uno de los tres grandes Poderes de la Unión”, remarcó.

Mientras, el magistrado Daniel Ricardo Flores afirmó que se debe garantizar la autonomía e independencia como parte de la “armadura” de los jueces para decidir en libertad.

“Un Poder Judicial sin independencia puede ser extensión de otro Poder, y esto cobra realce cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo están controlados por un mismo grupo político, y ante ese escenario el Poder Judicial debe ser como un dique”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, dijo que es apremiante la defensa de la autonomía e independencia judiciales, del orden constitucional y de la división de poderes.

Subrayo que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron senadoras y senadores, y la que interpondrán en breve las y los diputados, “será un acto de mayor prioridad para el Poder Judicial de la Federación, pero es posible que siga reglas distintas a la resolución de otras acciones en atención a la consulta formulada por el propio presidente de la Corte”.