México requiere una justicia de excelencia, no maquillada que disfrace la realidad

Bajo la premisa de que el pueblo de México exige y merece una justicia de excelencia, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, con la participación de miembros del Poder Judicial, funcionarios del Gobierno federal, gobernadores, legisladores, catedráticos y barras de abogados, quienes coincidieron en señalar que no se debe permitir la simulación, maquillar o disfrazar la realidad.

En la reunión a distancia, el senador Ricardo Monreal Ávila manifestó que es evidente que no puede haber transformación del Estado, sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia; es hora, dijo, hacer frente a una de las principales demandas sociales: el acceso a la justicia para todas las personas.

“No permitamos la simulación, no se trata de maquillar o disfrazar la realidad. La justicia en México ha vivido desde hace décadas, un cáncer terminal conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad; estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país, y creo que es el momento de terminar con ellos”.

Se pronunció en contra de una Judicatura nacional en la que no tienen cabida malos jueces, y mediocres que se conforman con el mínimo jurídicamente aceptable, por lo que manifestó que aspiramos a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente en la carrera judicial, que nos permitan tener jueces sensibles, con absoluta visión de igualdad e inclusión, capaces de reconocer las asimetrías que nos lastiman.

Ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República; Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros, Monreal Ávila se refirió a la necesidad de emprender la postergada tarea de elaborar un Código Nacional Penal.

Para ello, se debe dejar de lado la dispersión de codificaciones penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal, subrayó el senador por Morena.

COMPROMISO

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que la reforma elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación y presentada como iniciativa por el presidente de la República, responde a un claro compromiso del Estado mexicano con la autonomía e independencia judiciales y su contenido permitirá consolidar la transformación de la justicia federal que está en marcha.

Refirió que la justicia federal constituye en la práctica, la instancia final de las disputas y es, muchas veces, la última esperanza para las personas de obtener justicia; por ello, la reforma pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas, elevará la calidad de las sentencias a través de una mejor formación de las personas juzgadoras y de un fortalecimiento de la carrera judicial, además de que permitirá que la doctrina constitucional y en materia de derechos humanos, permee de mejor manera a la labor de todos los operadores jurídicos.

Zaldívar Lelo de Larrea advirtió que la Corte “debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales que absorben un porcentaje demasiado alto de sus recursos institucionales y de sus energías, sin beneficio tangible para la sociedad”, ello permitirá además fortalecer el federalismo, al darle mayor relevancia a la justicia constitucional local.

JUSTICIA COTIDIANA

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero dejó en claro que defender a las víctimas no significa quebrantar los principios de defensa a cualquier ser humano, a una debida justicia y a un debido proceso. “No hay que confundirlo, defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes, no es cambiar lo bueno que se ha logrado en este camino, que ha sido tan largo y que no ha dado los resultados que nosotros estamos pretendiendo”.

Advirtió que, si no se presenta con toda claridad un proyecto que vaya a la justicia cotidiana, la que afecta al 99 por ciento de los mexicanos, “no vamos a dar un resultado que realmente tenga algo que ofrecer a la realidad que hoy vivimos”.

Refirió que la materia penal es la que más nos duele, porque es la que afecta nuestra vida, integridad y patrimonio en la forma más directa y más cruel, por lo que pidió no dejar fuera la reforma judicial y abocarse solamente a la materia penal, sino en todos los aspectos de la defensa de la sociedad frente a la injusticia.

JUSTICIA ACCESIBLE

La secretaria de Gobernación manifestó que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la dependencia a su cargo hay nuevo espacio para la justicia al institucionalizar el sistema de justicia con la creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia como una atribución reglamentaria, implementando acciones de coordinación entre las autoridades competentes de la federación, entidades federativas e inclusive municipales para fortalecer todo el sistema de impartición y procuración de justicia

“En la Cuarta Transformación, estamos convencidos de una justicia accesible para todas y para todos los mexicanos de manera tangible, que no se quede únicamente en las narrativas oficiales, sino que se haga realidad en nuestras acciones” y resaltó que su compromiso es el diálogo y del consenso y “dejar atrás ese halo autoritario” que en décadas pasadas se había construido alrededor de la Secretaría.; “existe un clamor popular, y ese clamor popular es precisamente el de la justicia”.

Coincidió con el Fiscal General de Justicia de no solamente consolidar el Sistema de Justicia Penal por ser el más visible, sino también la justicia familiar, mercantil, laboral y civil en todas las entidades federativas.

Es evidente que en la mayor carga de trabajo está a nivel estatal, porque bien nos informa el INEGI, los 32 tribunales superiores de justicia atienden 31 millones de trámites y servicios y con un presupuesto de 35 mil millones de pesos y esta es la justicia del día a día, de ahí la necesidad de aumentar el presupuesto de los tribunales superiores de justicia.

JUECES MERCADERES

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, destacó que el Poder Judicial de la Federación ha elaborado una propuesta de reforma judicial, con y para el Poder Judicial, que ofrece desde un ejercicio autocrítico y combate a la corrupción como eje rector de su propia transformación; corrupción que, en lo que respecta al proceso de selección de juzgadores, se traduce en nepotismo y tráfico de influencia actualmente como norma y hábito.

“Hoy vemos jueces que terminan convirtiéndose en mercaderes, muchos de ellos mínimamente calificados. No dirigen su energía a tareas distintas al abuso de poder, la mediocridad burocrática y la concesión de impunidades, criticó el funcionario al resaltar que, como servidores públicos, no se puede aceptar la incorporación de familiares, amigos, como la regla que siga imperando en la integración del Poder Judicial, cuando el único principio que tendría que privar para estos efectos es el mérito personal”.

La tarea de juzgador no permite la improvisación, refirió el funcionario, al subrayar que no puede haber un país en paz, si antes no se logra una nación que enaltezca la justicia como valor prioritario y forma de vida digna. La justicia, agregó, debilita la cohesión social e impulsa la ingobernabilidad, del mismo modo que inhibe el crecimiento y socaba la confianza.

Scherer Ibarra puntualizó que los jueces son el último y definitivo eslabón en la cadena de la impartición de justicia, pues es en sus sentencias donde las leyes cobran vida, dejando de ser letra muerta en los códigos, de ahí la necesidad de contar con una escuela judicial que tenga la encomienda de la formación integral de los jueces, no sólo en el aspecto jurídico, sino abarcando aspectos tales como el sociológico, psicológico, ético, humanístico, cultural, histórico, forense, entre otros.