México tiene nuevas reglas sobre “outsourcing”

Luego de que el lunes se aprobara en comisiones la minuta de la ley para regular la subcontratación laboral con solo dos votos en contra, este martes el pleno del Senado de la República, en sesión vespertina a distancia, ratificó en lo general y particular con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, para que las empresas no puedan contratar, en casos específicos, trabajadores a través de la figura del “outsourcing” para realizar tareas permanentes o esenciales.

Esta reforma a ocho ordenamientos jurídicos del Sistema Jurídico Mexicano, a la que en lo general se abstuvieron Ismael García Cabeza de Vaca (PAN) y Joel Padilla (PT) y en contra en lo particular por parte de Emilio Álvarez Icaza (sin partido), regula la subcontratación u “outsourcing” ilegal como defraudación fiscal y se establece una multa de hasta 4 millones 481 mil pesos a las empresas que violen esta disposición.

Además, se establecen reglas precisas para que la subcontratación pueda realizarse en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa.

En esta sesión a distancia no se registró ningún senador para hablar en contra de la iniciativa presidencial. Fueron 24 los legisladores de todos los grupos parlamentarios que se refirieron a la minuta a favor, donde resaltaron que las adecuaciones al marco jurídico buscan el respeto de los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, así como la solvencia de las finanzas públicas.

Además, los legisladores coincidieron en señalar que ahora se reconocen las obligaciones fiscales y de seguridad social de las empresas, así como sus compromisos con los trabajadores y su derecho al reparto de utilidades.

Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena, aseguró que la reforma constituirá, sin duda, un parteaguas muy importante en la regulación en materia de subcontratación laboral en México.

Con dicha reforma, dijo, se otorga certeza y seguridad jurídica a las relaciones que derivan de un esquema de subcontratación laboral, se garantizarán de manera adecuada los derechos de los trabajadores que formen parte de dicho esquema, confiriéndole de los instrumentos normativos necesarios para que, en su caso, hagan valer sus derechos ante las instancias procesales.

La reforma otorgará certeza y seguridad jurídica a las relaciones que derivan del esquema de subcontratación laboral. Además, se garantizarán los derechos de las y los trabajadores que formen parte de este esquema, puntualizó Monreal Ávila.

Napoleón Gómez Urrutia señaló que este es un cambio histórico, que termina con “un modelo perverso, insensible y diseñado sin pensar en las necesidades sociales”; además, es fundamental recuperar la defensa de los derechos laborales y erradicar con el sistema de abusos, a través del cual, se genera una evasión fiscal, a nivel nacional, de 300 a 500 mil millones de pesos por año.

Ana Lilia Rivera, de Morena, indicó que el proyecto no sólo favorece los derechos humanos laborales de millones de personas que laboran bajo el esquena de subcontratación en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, sino que fortalece a las finanzas públicas al acabar con patrones de contratación derivada de actos de simulación

Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, recordó que luego de dos años de discusión, donde hubo muchas diferencias y hasta confrontación hoy, producto de un acuerdo entre las representaciones empresarial, sindical y el Gobierno federal, finalmente se prohíbe la subcontratación que impide el acceso a los derechos al trabajo digno y decente para las mujeres y hombres.

Germán Martínez, de Morena, resaltó que el trabajo no es una mercancía, pues esto atenta contra el trabajador; con la aprobación de este dictamen se registra el principio de la transformación. No podemos seguir en una sociedad de consumo voraz y humillante en contra de la sociedad, cuando entramos a un verdadero estado de bienestar.

Marco Trejo Pureco, del PRD, dijo que el dictamen no prohíbe de manera absoluta la subcontratación; es decir, busca un régimen que combatirá aquellas prácticas que se utilizaban como una simulación para evadir las obligaciones de seguridad social de las personas trabajadoras y de contribución al erario.

Gustavo Madero, del PAN, reiteró que hay una necesidad de lograr conciliar varios aspectos como mejorar la productividad sin afectar los derechos laborales y las prestaciones de los trabajadores y sin afectar las finanzas públicas y resaltó que el outsourcing se regula, pero no se elimina, en tanto que su compañera e bancada, Xóchitl Gálvez, lamentó que esta reforma sigue beneficiando a los “más, más ricos de este país”.

Juan Zepeda, de MC, manifestó que “el buen juez por su casa empieza” y refirió que en las instalaciones del Senado hay trabajadores de limpieza y “valet parking”, por lo que exigió seguridad laboral para ellos.

El priista Manuel Añorve, resaltó que hoy se hace justicia laboral para poco más de cinco millones de trabajadores y refirió que para todos es sabido que el “outsourcing” se utilizaba dolosamente para disminuir al mínimo las prestaciones laborales de los trabajadores, incluso se les negaba la participación de las utilidades de la empresa, pero ahora se recuperan los derechos reales de los trabajadores.

Claudia Ruiz Massieu, también del PRI, enfatizó que la pluralidad representada en este Senado de la República está convocada para refrendar validar y brindar legalidad, a través del proceso parlamentario, al único auténtico consenso alcanzado entre el sector público, privado y social en los últimos dos años.

Pero lo más importante, es que para las y los trabajadores esta regulación salda una deuda histórica del Estado mexicano, al garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos laborales, independientemente de su esquema de contratación, puntualizó.