México vive una crisis de derechos humanos: ombudsman

México se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos, es una guerra fratricida advierte el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Pero no se trata de una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, persona que desaparece o pierde la vida, implica agresiones de mexicanos contra mexicanos, advirtió al rendir su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El presidente de los derechos humanos dijo que esto se evidencia porque “durante 2018 México la crisis se acentuó en varios aspectos como en el número de homicidios que, con independencia de la clasificación que se les quiera dar, representa la cifra más alta de personas que perdieron la vida en 22 años, siendo el año más violento en la historia del país”.

Lo peor es que la inmensa mayoría de esos crímenes se mantienen en la impunidad y el abandono por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia. A esto se suma la falta de respuestas efectivas ante problemas tan graves como la desaparición de miles de personas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la violencia de género, la trata de personas, la falta a un acceso real y efectivo de la justicia y la debilidad del Estado de derecho.

Todo esto, dijo Pérez González, provocaron un desencanto de la sociedad que se tradujo en alejamiento y desconfianza hacia sus autoridades.

El ombudsperson les advirtió a los legisladores que habrán de aprobar la conformación de la Guardia Nacional con elementos castrenses, que en la presente administración federal se están otorgando demasiadas potestades a los militares, incluso para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, adquirir bienes y contratar servicios aún bajo el argumento de “la seguridad nacional”, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

Porque si se les concede poder económico se afianza su poder político y se convierten en depositarios del uso de la fuerza, “existe el riesgo de que en la práctica dejen de existir incentivos reales para que una vez superados los estados de emergencia renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”.

Por ello, demando de nueva cuenta que la Guardia Nacional sea diseñada con otra perspectiva en la que los civiles sean quienes se encarguen de la Seguridad Pública para evitar esos riesgos y porque, además, con el marco normativo actual, todos los delitos, respecto de los cuales se plantea la reforma constitucional al 19 constitucional, podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición.

Luis Raúl González Pérez dijo que las quejas por violaciones a derechos humanos registran un descenso pero eso no significa que hayan disminuido las agresiones o que las instituciones del gobierno sean más pulcras, pues de las 19 recomendaciones emitidas en su historia por actos graves, cerca de la mitad, 8, fueron emitidas en 2018.

5 de ellas tienen más de 10 años y no han sido cumplidas. En el año que termina sólo una de las recomendaciones emitidas fue respondida por las autoridades.