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Viernes 27 de Mayo 2022

Monreal va contra Ley de Punto Final de AMLO

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política comentó que lo que opine y declare el presidente López Obrador es correcto para su titularidad.


Ricardo Monreal, coordinador de Morena, manifestó su desacuerdo con la Ley de Punto Final del presidente Andrés Manuel López Obrador, para no castigar los actos de corrupción del pasado y adelantó que desde el Senado se construirá un marco normativo para sancionarlos.

“Nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo como Poder Legislativo y vamos a intentar dar al país un marco jurídico que combata la corrupción, que combata la deshonestidad, que combata el dinero público que se desvía para fines particulares, que combata el huachicoleo, que combata delitos electorales. Nosotros vamos a construir el marco jurídico normativo para que nunca más se vuelva a saquear al país”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política comentó que lo que opine y declare el presidente López Obrador es correcto para su titularidad.

Dijo que será el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre, el que decidirá qué sanciones impondrá a quienes cometieron actos de corrupción.

Durante su charla en el programa televisivo de Tercer Grado, Andrés Manuel López Obrador insistió en que debe existir un antes y un después del próximo 1 de diciembre para “dejar atrás la horrible historia de corrupción”.

También sugirió que habrá una Ley de Punto Final para combatir la corrupción desde el primer minuto en que asuma plenamente el cargo como presidente. “No alcanzarían las cárceles ni los tribunales para juzgar a todos los corruptos”, señaló.

Las Leyes de Punto final y Obediencia Debida fueron un par de leyes argentinas promulgadas por el presidente argentino Raúl Alfonsín en 1987 para establecer una caducidad de la acción penal contra los que colaboraron en la dictadura militar argentina y habían cometido violaciones graves a los derechos humanos.

La presión contra Alfonsín por la ley, que abría la puerta a la impunidad, llevó al presidente argentino a promulgar la Ley de Obediencia Debida, que absolvía a militares de rangos medios y menores para así poder procesar a los altos cargos involucrados en la comisión de violaciones a derechos humanos.

Con información de Víctor Mayén

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