Morena quiere que huachicol y corrupción merezcan cárcel

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó que para su bancada es una prioridad que avancen las reformas al artículo 19 de la Constitución para establecer la prisión preventiva oficiosa para delitos como el robo de combustible y hechos de corrupción, entre otros.

Señaló que al interior de la Junta de Coordinación Política que él preside se definirá la ruta para desahogar el dictamen de la minuta del Senado, luego de que concluyeron las audiencias públicas en las que expertos en la materia expusieron sus argumentos en pro y en contra de esta propuesta.

El legislador morenista confió en alcanzar los votos suficientes para sacar adelante esta reforma a la Carta Magna, para lo cual se requiere de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno, para su aprobación.

Indicó que a través de estas reformas al 19 constitucional, se busca darle al Gobierno Federal más elementos para combatir más delitos y de esta forma hacer frente a la delincuencia.

“Queremos darle al gobierno de la República mayores elementos para aumentar la eficacia en la persecución penal en delitos que ofenden a la sociedad”, subrayo el legislador.

Por ello, confió en que esta reforma salga lo más pronto posible. “Es un tema urgente, que haya prisión preventiva en delitos como la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral, el abuso sexual contra menores, la portación de armas. Para nosotros es de la mayor prioridad, es una reforma constitucional y tenemos que llegar a un acuerdo políticos con las otras fracciones para poder tener las dos terceras partes”, preciso.

Cuestionado sobre el rechazo mayoritario de especialistas a esta reforma por considerar que criminalizaría la pobreza, aumentaría la población penitenciaria y no reduciría la violencia, Delgado Carrillo insistió que, con la prisión preventiva oficiosa, se quiere aumentar la eficacia en la persecución penal.

Agregó que, además de las reformas al artículo 19 de la Constitución, también se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el gobierno federal estableció una estrategia en materia de pacificación y justicia.

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