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Morena va por controles de confianza para jueces y magistrados

 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, fue quien presentó la iniciativa


POR VÍCTOR MAYÉN

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para aplicar exámenes de control de confianza a ministros, magistrados y jueces como mecanismo para combatir la corrupción.

Según la propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política, que modifica los artículos 8 y 112 de esta legislación, los exámenes de control de confianza para el ingreso, permanencia y promoción a la carrera judicial se integrarán por las siguientes pruebas:

  • Patrimonial y de entorno social.
  • Médico.
  • Psicométrico y psicológico.
  • Poligráfico
  • Toxicológico.

A decir del senador de Morena, con esta reforma no se pretende atacar ni poner en duda la dignidad de los juzgadores o de quienes toman decisiones en el seno del Poder Judicial o aspiran ingresar a éste sino que se busca garantizar que los servidores públicos cumplan con las exigencias del puesto.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Monreal Ávila señala que no entiende por qué los jueces no se someten a evaluaciones, pues son servidores públicos igual que los policías y ministerios públicos y deben ser supervisados.

Resalta que es fundamental erradicar cualquier espacio que pueda dar paso a actos de corrupción al interior de la judicatura, pues además de erosionar el Estado de derecho también lastima el derecho ciudadano a tener una justicia eficaz e imparcial.

Advierte que la confianza ciudadana en el Poder Judicial y, sobre todo, la percepción generalizada respecto a su actuación es preocupante, pues es uno de los poderes fundamentales para salvaguardar y proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Expone que es necesario blindar al Poder Judicial de funcionarios que no merecen la confianza del Estado ni de la población, porque la falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y la procuración e impartición de justicia, han contribuido de manera importante a condenar al fracaso los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz.

Concluye que el objetivo de esta iniciativa es que quien administre la justicia, también cuente con una trayectoria y un desarrollo personal honesto y ético, acorde con la alta responsabilidad que conlleva la función que constitucionalmente le ha sido conferida.

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