Me llevan al último asiento del autobús. Me arrancan el pantalón, se me echan encima y comienzan a tocarme, a meter sus manos en mi blusa, debajo de mi ropa interior, me muerden, me muerden la cara, los brazos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Norma Aidé Jiménez Osorio, quien entonces tenía 23 años, recordó la violencia física, psicológica y sexual a la que fue expuesta durante el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
Aidé detalló la serie de agresiones de las que fue víctima junto con al menos a 31 mujeres a manos de policías de los tres órdenes de gobierno. Denunció que desde aquella fecha y hasta el momento la justicia mexicana ha sancionado sólo a algunos de los responsables de aquel operativo –que dejó como saldo dos muertos y cerca de 200 detenidos–, pese a la recomendación de la corte en 2015 tras la aprobación del informe de fondo 74/2015.
“Si es la mitad de la verdad no es la verdad. Estamos hablando de investigación a la cadena de mando. Que haya una investigación y que se castigue a los responsables”, demandó la mujer, quien recriminó al Estado mexicanos por tacharlas de mentirosas y procesarlas por los delitos de ataque a las vías de comunicaciones.
Jiménez también detalló que tras su detención vinieron irregularidades en el proceso que la mantuvo un año en prisión sin atención médica certera. “Un mes después aún teníamos lesiones vaginales; sin embargo, una médico legista de la fiscalía especializada en atención de delitos contra la mujer mencionó que quizá podrían haber sido hechas por nosotras mismas”, agregó la activista, que ahora acompaña a mujeres sobrevivientes, como ella, de violencia sexual.
Con los testimonios recabados y la aprobación del informe de fondo, la Comisión Interamericana emitirá una sentencia en los próximos meses, que organizaciones acompañantes –como el Centro ProDH– esperan culmine en la orden al Gobierno Mexicano de realizar una investigación seria, que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad. Esto sin descartar pruebas y líneas de investigación relevantes y conducentes a poner fin a la impunidad.
Aquel 2006 cambió la vida de Aidé, su familia y cientos más. Los sueños de la mujer ahora de 34 años, quedaron tirados en aquel camión donde fue violada y golpeada, las manos de una estudiante de artes plásticas se convirtieron en testigos mudos de aquellos golpes. “Mis manos ya no servían para eso (artes plásticas), porque el dolor –que crece cuando hace frío– me recuerda mucho lo que pasé, me costó mucho retomar mi vida, salir a la calle de nuevo y confiar en las personas”, reveló.
