La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Laura Barrera Fortoul, afirmó que, de acuerdo con datos del INEGI, en México hay siete millones de personas en condición de discapacidad por enfermedad, edad avanzada o accidentes, por lo que se debe de legislar en materia de perros de asistencia.
En el marco del foro “Perros de asistencia; presencia y futuro en México”, que se realizó de manera virtual, la legisladora del PRI, afirmó que este sector de la sociedad se enfrenta a una realidad muy complicada.
“Hay hogares con una o más personas en discapacidad que se enfrentan a una realidad complicada, pues gastan más en vivienda, alimentos y medicamentos, lo que eleva hasta tres veces el costo de vida. Necesitan las condiciones presupuestales para hacerle frente a esta realidad y enfatizar en el reclamo de la no discriminación”, afirmó.
Por ello explicó que el foro estará orientado a los pendientes legislativos en la materia, ya que se considera que sólo las personas con ceguera o debilidad visual recurren a perros guía, pero hay quienes con otras condiciones requieren de la asistencia de canes.
Barrera Fortoul señaló que México debe ser garante de la igualdad de los derechos humanos de manera universal, progresiva y sin discriminación alguna.
Por ello, manifestó que sin colores ni partidos se legislará en favor de esta población, pues hay pendientes legislativos en materia de perros de asistencia.
“Trabajemos todos los días de manera muy empática, de la mano, con corazones solidarios, justamente por este reclamo tan importante de la no discriminación”.
“Se cree que solamente las personas con ceguera o debilidad visual, son acompañados de estos grandes seres que son nuestros perros, pero también, por supuesto, y el día de hoy saldremos de muchos mitos, se tiene una condición médica que requiere apoyos para realizar actividades de la vida cotidiana, precisamente en otros tipos de discapacidad”, dijo la priista mexiquense.
Por su parte, Julieta Macías, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, promotora de la iniciativa, indicó que con el trabajo conjunto será posible tener un dictamen para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Basándose en datos del INEGI, aseveró que las personas con discapacidad son quienes registran mayor discriminación.
“Hay desinformación y prejuicios sobre el trabajo que realizan los perros de asistencia, resultando en obstáculos para actividades cotidianas, como el uso del transporte público y privado, visitar establecimientos o recibir servicios médicos, por lo que se deben establecer los derechos y obligaciones de la sociedad y usuarios a fin de combatir la discriminación”, subrayó.
Dijo que es preciso tener normas que regulen los requisitos y condiciones para que un perro sea considerado de asistencia, así como los elementos distintivos. El objetivo es contar con un ordenamiento tan necesario, pero ha sido postergado.
