Corrupción causó socavón en Paso Exprés: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictaminó el miércoles que la negligencia y la posible corrupción durante la construcción de la vía que se hundió en julio de 2017 fueron las causantes del accidente en el que murieron dos personas y solicitó investigar el caso de forma integral porque hasta el momento “el hecho continúa impune”.

Según una investigación de esta entidad oficial, la carretera no contaba con los estudios ni los permisos necesarios para que se ampliara de 8 a 10 carriles y no contempló los cruces de agua que podrían afectarla.

Asimismo, hubo irregularidades en el diseño, licitación y contratación de empresas, el costo de la obra se elevó  70 por ciento más de lo previsto y tardó siete meses más en construirse.

Además, hubo “un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción” por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

Meses después del accidente, una auditoria encontró cerca de 58 millones de dólares en pagos indebidos e irregularidades contractuales.

Hasta el momento hay nueve funcionarios sancionados por cuestiones administrativas pero la CNDH solicitó una investigación “integral y no fragmentada” que imponga “sanciones ejemplares” que sirvan de disuasivo para que casos como este no vuelvan a presentarse.

“El imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente”, consideró el segundo visitador general e la CNDH, Enrique Guadarrama López.

En la recomendación pide a las autoridades responsables reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

Además, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a sus derechos humanos y publicar en su página web oficial por un periodo de un año.

Otra medida sugerida es generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren.

Así como colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

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