“No habrá gobernabilidad en Jalisco hasta que se desarticule la red de corrupción en el gobierno”: Salomón Jara

 

Resaltó que, de acuerdo con las propias palabras del gobernador, no tiene control de la Fiscalía General ni de la Secretaría de Seguridad Pública; “por lo tanto, es urgente que la FGR intervenga y esclarezca la red de corrupción en el gobierno estatal”.


El senador morenista, Salomón Jara Cruz, denunció que es sumamente grave que en Jalisco se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos como desaparición forzada, tortura, detenciones ilegales y ejecución extrajudicial, pero lo es aún más que el gobernador Enrique Alfaro reconozca que su gobierno ha sido infiltrado por el crimen organizado.

Sentenció que no habrá gobernabilidad en Jalisco hasta que se desarticule la red de corrupción en el gobierno estatal y todos los funcionarios involucrados sean separados de su cargo y presentados ante la justicia.

Resaltó que, de acuerdo con las propias palabras del gobernador, no tiene control de la Fiscalía General ni de la Secretaría de Seguridad Pública; “por lo tanto, es urgente que la FGR intervenga y esclarezca la red de corrupción en el gobierno estatal”.

Ante ello, hizo un urgente llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la infiltración de la delincuencia organizada en la Fiscalía Estatal de Justicia y otras instancias del Gobierno de Jalisco, que el propio gobernador ha denunciado.

“En este momento las investigaciones y detenciones realizadas o que realice la Fiscalía Estatal de Jalisco podrían ser invalidadas si algún Ministerio Público o agente ministerial resultase involucrado con la delincuencia organizada”, refirió el senador morenista.

Consideró imperativo que el Fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, se separe de su encargo para facilitar que se investigue la denuncia que realizó el gobernador de Jalisco.

Dijo que, dada la nula confiabilidad en la Fiscalía Estatal, debe ser la FGR la que encabece la investigación de las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, delitos que son considerados graves violaciones a los derechos humanos, ocurridos desde que fue decretado el uso obligatorio de cubre bocas y el toque de queda.

Por lo que se refiere al homicidio de Giovanni López y los 29 jóvenes que fueron detenidos ilegalmente y desaparecidos durante horas tras manifestarse, la investigación que realice la CNDH y la FGR debe incluir al gobernador, porque como máxima autoridad en la entidad, tiene responsabilidad en estas violaciones a los derechos humanos, puntualizó.