Nueva ley federal de juicio político pone en riesgo la estabilidad política y social del país, advierte PRI

PRI Foto: Internet
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El PRI dijo que la nueva ley federal de juicio político, podría llevar a una crisis democrática y en nuestro sistema de instituciones.


Debido a que violenta el debido proceso y atenta contra la separación de poderes, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que fue remitida al Senado de la República, constituye un riesgo para la estabilidad política y social del país.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandó a los legisladores de Morena y a sus aliados a no transformar al Poder Legislativo en un órgano de revanchismo político que utilice los procedimientos constitucionales como vendettas personales.

Dijo que esta ley que fue aprobada la madrugada de este jueves y remitida al Senado de la República, también podría llevar a una crisis democrática y en nuestro sistema de instituciones.

“Somos los representantes del pueblo, y nuestra función principal es legislar en favor de la justicia”, puntualizó.

Lamentó que no se legisle de manera responsable y no se respeten los principios e instituciones políticas que emanan de nuestra Constitución.

Manifestó que esta ley presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos fundamentales, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de poderes.

Mendoza Bustamante dijo que no se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político cuyas vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del país.

Además, insistió, viola el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, ya que cuenta con herramientas que permiten amedrentar a todo disidente, a cualquier persona que cuestione o pida cambios en el gobierno.

“Como uno de los tres poderes de la Unión, añadió, el Legislativo tiene la obligación de crear leyes, pero de ninguna manera están autorizados para aplicarlas. Esa es tarea del Poder Judicial”.

“Debemos cuidar las instituciones de Estado y distinguir entre la política y la justicia. Si el presidente cometió un delito debe ser juzgado; pero debe juzgarse conforme lo establecen las leyes especializadas”, concluyó.