ONU cuestiona ampliación de delitos con prisión preventiva

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, electorales y otros, que aprobó el Senado en comisiones.

Este grupo de la ONU envió una carta al presidente de la Cámara Alta, Martí Batres, en la que expresó que este catálogo de delitos representa un posible debilitamiento de los derechos y garantías a la presunción de inocencia, al debido proceso, la libertad, seguridad e integridad personal, así como la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación.

El grupo de trabajo reiteró que aplicar la prisión preventiva oficiosa a la violencia sexual contra menores, al uso de programas sociales con fines electorales, al robo de transporte de carga, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, corrupción y la desaparición de personas representa un riesgo para los derechos humanos.

El grupo manifestó su profunda preocupación ante la intención de expandir las bases jurídicas para un mayor uso de la prisión preventiva oficiosa en México, cuando esta práctica ha sido identificada como contraria a los derechos humanos, a la libertad y seguridad personal, así como a un juicio justo con debido proceso y garantías judiciales.

Recuerda que México accedió en marzo de 1981 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y precisa que la prisión preventiva de las personas no debe ser la regla general.

Las reformas constitucionales y legislativas que se proponen implicará que los jueces no puedan ponderar la posibilidad de utilizar medidas alternativas a la detención para una mayor cantidad de delitos.

Estas propuestas también limitarían el derecho que tiene toda persona detenida a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

Expone que resulta preocupante que con el sólo hecho de una acusación penal, las personas deban ser automáticamente privadas de su derecho a la libertad personal.

Además, afirma que el uso excesivo de la detención preventiva puede resultar en hacinamiento en los centros de detención, lo cual es contrario a la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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