ONU llamó al gobierno mexicano a relanzar la investigación del caso Ayotzinapa

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La Organización de Naciones Unidas llamó al gobierno mexicano a relanzar la investigación del caso Ayotzinapa con un fiscal especial idóneo, capaz de investigar a funcionarios que incurrieron en actos de tortura y que obstruyeron la búsqueda de la verdad y justicia. La Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos subrayó que […]


La Organización de Naciones Unidas llamó al gobierno mexicano a relanzar la investigación del caso Ayotzinapa con un fiscal especial idóneo, capaz de investigar a funcionarios que incurrieron en actos de tortura y que obstruyeron la búsqueda de la verdad y justicia.

La Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos subrayó que el video en el que se observa la manera en que uno de los detenidos Carlos Canto Salgado, es asfixiado, sometido a toques eléctricos y golpeado, evidencia que no fueron aislados los casos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa y que estas prácticas no son ajenas a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en el país.

Su representante en México, Jan Jarab, enfatizó que estas violaciones ocurren bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción, por lo que llamó a “romper la cadena de complicidades y encubrimientos” que hubo en la anterior administración respecto a este caso.

Subrayó que “a la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos”.

Destacó que el caso de tortura contra Carlos Canto es sólo uno de los 34 que fueron documentados y hechos públicos en el informe de la ONU denominado “Doble injusticia”.

Respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas, la ONU-DH llamó a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada “verdad histórica”, la cual fue “sostenida indebidamente por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que ha sido “desacreditada por investigaciones serias e independientes” y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia.

Para lo anterior, dijo, es fundamental que se designe a un fiscal especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables.