Senadores de oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los “superdelegados” y contra las comisiones presidenciales de investigación.
Los recursos firmados por los integrantes de las bancadas de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, buscan dar marcha atrás a las reformas al artículo 21 de la Ley de la Administración Pública Federal, aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión por la mayoría de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social y publicadas el 30 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Los senadores argumentaron que la figura de los “superdelegados” y las comisiones presidenciales violan la Constitución, van en contra del pacto federal y de la división de poderes. La acción de inconstitucionalidad contra las comisiones presidenciales tuvo el respaldo de 52 senadores.
Esgrimieron que éstas violan los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al no contar con parámetros ni atribuciones concretas de funcionamiento y por lo tanto, situarse por encima de la propia Constitución.
Aseveraron que hay una invasión de facultades, pues la Constitución establece claramente quiénes son las autoridades encargadas de perseguir los ilícitos penales.
La acción de inconstitucionalidad promovida contra la figura de los “superdelegados” llevó el respaldo de 45 senadores.
Los legisladores señalaron que los delegados estatales rompen con el sistema político federal, contravienen los principios generales de la administración pública y violan el principio de división de poderes, al equipararse a los gobernadores sin contar con legitimidad democrática.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, enfatizó que la figura de los “superdelegados” crea un estado generalizado de incertidumbre en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que contraviene la prohibición constitucional de crear órganos intermedios entre los niveles de gobierno.
Además de que a su juicio, trastoca el principio de jerarquía de la administración pública y rompe con el principio de horizontalidad que debe operar entre funcionarios.
Explicó que las impugnaciones buscan salvaguardar los principios federalistas y de equilibrio entre los poderes de la República.
Ya suman tres las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte por los senadores de oposición.
La primera de ellas fue en contra de la Ley de Remuneraciones, que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.
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