Oposición rechaza propuesta de Ramírez Cuellar para que INEGI mida riqueza

Alfonso Ramírez Cuéllar Foto: Internet
Alfonso Ramírez Cuéllar Foto: Internet 

Viola la constitución, indicaron.


Diputados de oposición rechazaron la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de que el INEGI mida la concentración de la riqueza y que sin ningún impedimento legal pueda revisar el patrimonio financiero e inmobiliario de las personas, pues consideraron que es violatoria a los derechos humanos y contraria a los principios constitucionales.

Advirtieron que por ningún motivo avalarán reformas para permitir al Estado invadir el ámbito privado de las personas.

Por su parte, la legisladora de Morena, Lorena Villavicenciose manifestó a favor de la propuesta de su líder nacional, pero considero que se le deben de hacer algunas precisiones para “que no se vea como que se está buscando invadir una esfera de competencia que no tiene el INEGI”.

Afirmó que ella nunca estaría de acuerdo en los sistemas punitivos ni persecutorios, y dijo que con la propuesta de Ramírez Cuéllar, lo que se pretende es que el INEGI tenga acceso a otro tipo de información a fin de tener un diagnóstico más completo de los niveles de riqueza y de pobreza que existen en el país y a partir de ahí generar políticas públicas.

“Me parece importante la propuesta que impulsa el presidente de Morena, para alcanzar un Estado de Bienestar, que cruza necesariamente por un reforma fiscal que atienda el principio de proporcionalidad. Esto es, que pague más quien gane más. Que el INEGI pueda medir la concentración de la riqueza y medir la desigualdad.

“Se trata de tener acceso a datos, sin invadir esferas competenciales de otros organismos o instituciones. Me parece que debe aclararse esa parte por qué no se trata de generar instrumentos persecutorios, sino de evaluación para la generación de políticas públicas dirigidas a atenuar o atajar la desigualdad”, indicó.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, dijo que esta propuesta refleja un tinte autoritario de control, abierto y descarado de la sociedad a través del conocimiento y el manejo de la información privilegiada con la que contaría el Estado.

“Ya eso de entrada descalificaría, en un régimen de libertades y en una sociedad democrática, una acción de esta naturaleza”

Dijo que para empezase a echar a andar este mecanismo se requerirían reformas constitucionales “que hoy por hoy no tiene remotamente la mayoría calificada para embarcar al país en una senda de esta naturaleza”.

Recordó que el PRI presentó en la tribuna una reforma para establece el Estado de Bienestar. Señaló que en esta propuesta si hay una coincidencia pero en lo que no están de acuerdo es la forma en que lo está planteando Morena , “porque se busca, una vez más tratar de estigmatizar a un sector de la sociedad y establecer una entelequia que ellos construyen a partir del gobierno, que permita desaparecer a la sociedad”

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla dijo que tampoco están de acuerdo en ese tipo de atribuciones que trastocarían el orden jurídico nacional.

“Si el fondo de la propuesta es un México más equitativo, eso lo podríamos discutir, pero no bajo esas premisas ni esa mecánica, porque no forma parte de lo legal. La Constitución define los ámbitos de privacidad de la personas y eso implicaría una modificación a los principios constitucionales que definen el ámbito personal, el ámbito de la actividad profesional respecto a los alcances del Estado”.

“Estamos de acuerdo en discutir reglas de mayor equidad económica, pero no estamos de acuerdo en que se trastoque el orden constitucional y se le permita al Estado invadir el ámbito privado de las personas”, advirtió Bravo Padilla.

Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD, a su vez, señaló que la propuesta de Ramírez Cuéllar comento que violaría los derechos humanos y es contraria a los principios Constitucionales y a los tratados internacionales.

“Plantear una propuesta de esta naturaleza no solamente esconde la intención de construir un Estado polical y persecutor en contra del ciudadano sino que, además, desvirtúa la naturaleza jurídica del propio INEGI, establecida en el artículo 26 apartado B de la Constitución, cuya finalidad es dotar de la información estadística y geográfica a todas las instituciones del Estado, para el diseño de políticas públicas”, señaló.