Un juez de amparo ordenó suspender el mandato del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, y cualquier acción del secretario de Seguridad Pública Municipal para ejecutarla, concerniente a detener y remitir a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración a los migrantes en Tijuana indocumentados que se desplacen por dicho territorio.

Como parte del amparo 1597/2018, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California, resolvió conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro y, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.

La suspensión es sobre la “orden verbal” emitida el 16 de noviembre del 2018, para que las personas migrantes detenidas sean canalizadas al INM y, sea esta autoridad quien resuelva su situación migratoria.

“A las autoridades responsables se les atribuye la difusión de información contraria al respeto y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes; la omisión de garantizar que las personas migrantes, así como la población en general, tengan acceso a la información necesaria, correcta y veraz para comprender su condición y sus derechos”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

No debe hablar de forma negativa de migrantes

 

El juez ordenó que Gastélum Buenrostro se abstenga de realizar declaraciones públicas que tengan como finalidad -implícita o explícita- transmitir un mensaje negativo sobre las personas migrantes.

Además que realice las gestiones necesarias para que el personal a su cargo, se abstenga de emitir declaraciones públicas que tengan como finalidad transmitir, en forma implícita o explícita, mensajes negativos sobre las personas migrantes.

También debe promover que la autoridad competente proporcione a la población en general, las personas migrantes y los servidores públicos municipales, información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio.

“Gire las instrucciones a la autoridad competente para que las detenciones que realicen a personas inmigrantes cumplan los requisitos legales y los elementos policiacos, así como los jueces municipales se abstengan de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración”, dice la notificación.

Información completa

 

El secretario de Seguridad Pública Municipal debe otorgar al personal a su cargo la información completa y veraz sobre los derechos de las personas migrantes y los protocolos de actuación tratándose de grupos vulnerables, además que se abstenga de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de migrantes al personal del INM.

En la resolución se destaca que la medida cautelar no tiene el efecto de impedir que las autoridades municipales realicen sus actividades de prevención e investigación de delitos, así como de sanción por infracciones administrativas; sin embargo tales actividades deberán realizarse en estricto apego a la legalidad y respeto de los derechos humanos de los migrantes.

Asimismo, los migrantes deben cumplir con las disposiciones administrativas y legales vigentes en el municipio de Tijuana y el Estado de Baja California, pues su condición migratoria no los exime de su cumplimiento.