PAN, PRI, PRD y MC impugnan superdelegados ante la SCJN

Los coordinadores parlamentarios del PAN, el PRI, el PRD y de Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
A través de un comunicado, los legisladores anunciaron que dicho instrumento jurídico fue recibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles 26 de diciembre.

La oposición en su conjunto intenta combatir el nombramiento y atribuciones de los llamados “superdelegados” del gobierno federal pues consideran que viola la soberanía de las Entidades Federativas.

Denunciaron que se trata de un sistema centralista que rompe “con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política”.

Acusan que la creación de esta figura de “Coordinadores de Programas Sociales” del gobierno federal, no solo genera un estado generalizado de incertidumbre a los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino que también asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que benefician de forma directa a la población, lo que permitirá un ejercicio arbitrario del poder.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PRI y MC, denunciaron la violación a los principios de legalidad y de democracia participativa. La nueva legislación, sostienen, viola la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados porque se levantó la sesión y se citó a una misma sesión ordinaria el mismo día para aprobar la LOAPF.

También se incumplió con la Constitución al reformar a ese ordenamiento, en materia de energía y tampoco se respetó la Constitución al aprobar que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía las tarifas reguladas de los servicios, establecidos en la Ley de la Industria eléctrica.

La LOAPF viola la autonomía técnica de los órganos reguladores de energía que deben tomar sus decisiones apartados de consideraciones políticas que pudieran generar distorsiones en los mercados e incidir directamente en la competitividad como política pública, el derecho a la competencia económica y la libre participación en el mercado eléctrico.

Otro aspecto que también se busca declarar inconstitucional es el nombramiento de los Órganos Reguladores Coordinados porque la Consejería Jurídica nombra y removerá, en su caso, a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda, dicen los coordinadores parlamentarios, no puede tener el control de la política en materia de contrataciones públicas y consolidación de compras de bienes y servicios, por parte del gobierno, atribuciones que antes pertenecían a la Secretaría de la Función Pública.