Para combatir la corrupción, senadora del PES propone reformas en materia de responsabilidad administrativa

Después de la inseguridad, la corrupción es uno de los problemas más graves en el país, denunció la senadora del Partido Encuentro Social, Sasil de León Villard, quien detalló que esto le cuesta a los mexicanos unos 347 millones de pesos.

Por ello, propuso una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La senadora Chiapaneca indicó que, según Transparencia Internacional, 7 de cada 10 mexicanos consideraran a la corrupción como una de las principales dificultades que detiene el progreso del país.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Sasil de León Villard, comentó que datos del Fondo Monetario Internacional estima que la corrupción mexicana equivale a dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Banco Mundial calcula que representa hasta nueve por ciento del PIB y precisa que de cada 100 pesos que se producen nueve se destinan a la corrupción.

De León Villard señaló que entre los actos más frecuentes de corrupción destacan las observaciones de compras a sobrecostos, derivadas de recursos provenientes del Ramo 23, donde se documentan casos de daños al erario hasta por 6 mil 500 millones de pesos, derivado de este modus operandi, cuya asignación en el sexenio pasado quedó completamente a criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ante este panorama, la senadora del PES propuso obligar a presentar su declaración patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de control, a servidores públicos y personas morales que contraten mediante recursos federales, servicios y obra pública con los entes públicos de la Federación, entidades federativas o municipio, en términos de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y de Asociaciones Público Privadas.

Destacó que el proyecto pretende que el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emita los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de particulares, garantizando que la información solicitada se limite a los recursos públicos que reciban o ejerzan y sus relaciones contractuales con entes públicos.