Diputados del Partido Revolucionario Institucional impulsan una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para evitar que la autoridad reserve información en situaciones de emergencia o contingencias sanitarias.
Lamentaron que pese a que todos los procesos de contratación son públicos por mandato legal -máxime que se trata del uso y ejercicio de recursos públicos- el Gobierno federal haya determinado reservar por cinco años los contratos suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics, para la obtención de vacunas contra el COVID-19.
Por ello, en su propuesta, los priistas proponen que tanto dependencias como entidades públicas deberán detallar las razones y criterios que motivaron la elección de procedimientos de adjudicación directa sobre otros procedimientos de contratación, y que toda la información que se genere al respecto, así como las políticas adoptadas para hacer frente a las situaciones de emergencia y contingencias sanitarias, sean sujeto de obligaciones de transparencia y no podrán adquirir el carácter de clasificada.
“México ha enfrentado momentos de enormes dificultades, ya sea por desastres naturales que generan situaciones de emergencia nacional, o bien, por la pandemia que actualmente agobia la vida de la población, situaciones en las que son necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer las políticas públicas que las autoridades desarrollan para atender las emergencias, así como publicitar de manera expedita aquellas contrataciones de bienes y servicios que se requirieron al hacer frente a la situación”.
Indicaron que la publicidad de la información satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y la eficacia del actuar del Gobierno federal.
“En mérito de lo expuesto, es claro que toda aquella información inherente a contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios generados con motivo de una situación de emergencia o contingencia sanitaria declarada por una autoridad competente, debe ser publicitada; y más importante aún, esta información adquiere el nivel máximo de publicidad, dada la transcendencia en la vida de las personas y el interés público que conlleva”, finalizaron los priistas en la iniciativa que presentaron ante la Comisión Permanente.
