El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó a la Comisión Federal de Competencia (COFECE), investigar cuáles son las empresas farmacéuticas que han incurrido en hechos de corrupción, para que no sean consideradas dentro de las futuras compras del sector público.
Indicó que tanto las compañías farmacéuticas como las comercializadoras y distribuidoras de medicamentos, se han visto envueltas en delitos de soborno, omisión de datos, sobre precios, prácticas monopólicas, entre otras, que terminan afectando al consumidor final en la cadena de ventas del sector salud, “por lo general, la población de escasos recursos”.
Recordó que en 2017, el Tribunal de la Competencia de España, multó a las empresas Nestlé, Novartis, Alter Farmacia y Laboratorios Ordesa por acordar la fijación del precios de venta al público; en 2011, Johnson & Johnson fue sancionada por Departamento de Justicia Europeo y la SEC (Securities and Exchange Commission) por sobornos a funcionarios de estado, en Grecia, Polonia y Rumania; en 2015, GlaxoSmithKline (GSK) y Sanofi fueron sancionadas por la Comisión de Competencia de la India (CCI) por haber manipulado una licitación del gobierno para la provisión de vacunas contra la meningitis.
Ramírez Cuéllar dijo que lo mismo ocurrió en México en 2010, cuando la Comisión Federal de Competencia (COFECE) impuso una multa de 150 millones de pesos a seis empresas farmacéuticas por colusión entre competidores de las licitaciones, para asegurar mediante un esquema preestablecido de secuencia a las empresas ganadoras”.
Se trataba de las empresas Eli Lilly México, Laboratorios Cryopharma, Probiomed y Laboratorios Pisa quienes de 2003 a 2006 conspiraron para eliminar la competencia en las licitaciones de insulina humana, esencial para el tratamiento de la diabetes, así como a Laboratorios Pisa; Fresenius Kabi México y Baxter por una coordinación ilegal de posturas en las licitaciones de sueros inyectables (agua inyectable, cloruro de sodio, glucosa y solución Hartmann) durante los años 2003 a 2006.
“Casos así se repiten constantemente, el ejercicio de las malas prácticas no puede consentirse, es bueno que la SHCP denuncie a las 10 empresas distribuidoras de medicamentos que concentraron el 79.6 por ciento de la participación en las compras para el sector salud en México” expresó.
Asimismo, solicitó a la Secretaría de la Función Pública, se finquen responsabilidades a los funcionarios que incurrieron en actos de corrupción en la compra de medicamentos.
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