Miércoles 17 de Julio 2019
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Piden marco jurídico para atender desplazamiento interno forzado

STAFF CAPITAL

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13 de Marzo 2019


México, 13 Mar (Notimex).- El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Carlos Javier Echarri, adelantó que la Secretaría de Gobernación enviará al Poder Legislativo una propuesta de reforma a la Ley General de Población para que haya reconocimiento explícito al fenómeno del desplazamiento interno y tener la base normativa para la acción.

Durante la inauguración de la mesa de análisis “Desplazamiento interno forzado en México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en la Cámara de Diputados, señaló que este fenómeno ha existido desde hace muchos años, pero no se le ha dado la atención merecida.

Refirió que el censo del año 2000 arrojó que 71 mil personas cambiaron de lugar de residencia por violencia e inseguridad. Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señaló que entre 2005 y 2013, 123 mil personas emigraron por el mismo motivo, y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 indica que fueron 185 mil.

El funcionario federal resaltó que las pérdidas que provoca este fenómeno son: abandono del patrimonio, disminución de ingresos, desarraigo familiar o territorial, desempleo, daños de salud y vivir en condiciones de cambios bruscos.

Además de que se genera una brecha más profunda de desigualdad social, ya que marca la capacidad económica de cada familia para acceder a medios de protección y desplazamiento, y se crea una depresión económica general.

Por lo anterior, Echarri Cánovas se pronunció por crear estrategias integrales para la restitución de los derechos de esa población, atender de manera inmediata a estas personas y que el acceso a la justicia sea pronta y expedita.

El representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Arie Hoekman, advirtió que son varias las razones del desplazamiento, pero se espera que haya más por el cambio climático.

Explicó que en algunas ocasiones este fenómeno puede ser preventivo, pues se busca evitar los efectos violentos causados por amenazas, alertas, insultos y ofensas, partiendo de un suceso o conflicto violento previamente acontecido.

También, puede ser reactivo, que generalmente se debe a los daños que ha causado un conflicto de cualquier tipo con violencia.

Algunas razones de su invisibilidad, afirmó, es que el desplazamiento ocurre de forma gradual, lo que dificulta que las autoridades locales lo detecten, además del anonimato que buscan esas personas para evitar caer en manos de sus victimarios.

Consideró que, dada la complejidad del fenómeno, su captación en censos y encuestas conlleva grandes retos metodológicos, por lo que se debe pensar en desarrollar otras fuentes de datos especializadas en seguridad y violencia que permitan mantener una medición real.

Destacó que, agravado por su alta invisibilidad, se considera que estos grupos se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, debido a la falta de protección física, legal o económica, y estimó necesario adecuar la Ley General de Población para incorporar este tema y reformular un marco jurídico específico para esta población.

A su vez, Josep Herreros, en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, sostuvo que el reconocimiento debe ser el inicio de la garantía de sus derechos y el punto de partida para el desarrollo de políticas públicas preventivas, respuestas y soluciones.

Afirmó que se calcula que en el mundo puede haber más de 40 millones de personas desplazadas internamente y “tememos que esto pueda incrementarse en los años que vienen por los fenómenos que están ocurriendo”.

Expresó su disposición para apoyar en un marco legal y programas de prevención, respuesta y soluciones duraderas. Destacó la importancia de reconocer el fenómeno y a las personas en su calidad de víctimas y sujetos de derechos.

En tanto, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva, se pronunció por una modificación legislativa, para que sea la norma la que aborde el problema de forma integral y abarque todos los aspectos.

Que también se cree la instancia que se haría cargo en términos operativos de ese gran desafío, a sabiendas de que tiene que haber la concurrencia interinstitucional para abordar esta problemática.

Anunció que ya se trabaja en la Secretaría de Gobernación para encontrar las fórmulas adecuadas, pero se tiene que laborar con todas las instancias y actores que puedan aportar de manera importante.

En tanto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria enfatizó que el Estado tiene una deuda con los cientos de miles de personas desplazadas en este país. “Es vergonzoso que tengamos cientos, sino es que miles de personas en esta condición”.

Dijo que un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos estima que la población máxima podría llegar a siete millones de personas en este fenómeno. Hay otros análisis que afirman que el número puede ser de 300 mil. “La diferencia es enormemente significativa”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Eduardo Bonifaz Moedano, se pronunció por iniciar el estudio de reformas legislativas que lleven a la toma de decisiones de políticas públicas, y hacer una propuesta inmediata, con la participación de organismos internacionales y funcionarios de gobierno.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar con ustedes para que se haga una agenda legislativa a la brevedad y que sea contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó.

Mientras que el diputado Óscar González Yáñez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, destacó la importancia de construir un marco jurídico que propicie que los desplazados sean ciudadanos con los mismos derechos que todos, independientemente de su circunstancia de movilidad.

 

NTX/GIR-JDB/MCC