Sábado 24 de Agosto 2019
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Piden organizaciones frenar detención de migrantes en estaciones

19 de Marzo 2019


México, 19 Mar (Notimex).- Organizaciones civiles urgieron ante diputados frenar la detención automática de migrantes en situación irregular en estaciones migratorias, porque además de ser ilegal, en la mayoría de los casos sufren discriminación y maltrato.

Durante la presentación del informe “La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público”, realizado por las organizaciones Sin Fronteras, AsiLegal y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), pidieron establecer estrategias de prevención como transparencia en la asignación y gasto y destituir al personal que haya incurrido en dichos actos.

La representante de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), Adriana Aguilar, explicó que el informe evidencia que pese a que la reforma de 2008 de la Ley General de Población, despenalizó la entrada irregular de migrantes a México, prevalecen condiciones de alojamiento y procedimientos propios del sistema penal en el tratamiento que se da a personas extranjeras que entran al territorio nacional.

Advirtió que la detención de migrantes se da en un marco de ilegalidad; es decir, no se informa a la persona cuál es el motivo del acto, qué normatividad está violando y cuáles son los derechos con los que cuenta, además de que en la mayoría de los casos el arresto se lleva a cabo con con violencia excesiva.

Además, la persona alojada está imposibilitada para abandonar por voluntad propia el lugar porque en todo momento está bajo el control directo de las autoridades, es decir, en los hechos, está detenida y se les da un trato cruel, inhumano y degradante.

Otras fallas que se han detectado en las estaciones migratorias, agregó, son los alimentos de mala calidad y descompuestos; además no existe personal médico ni medicinas suficientes.

Además se carece de exámenes médicos de ingreso que permitan identificar lesiones compatibles con formas de tortura y malos tratos.

En los casos de mujeres migrantes se han detectado situaciones de abuso de poder por los policías que se ejemplifica a través de favores sexuales, para las embarazadas no existen protocolos especiales para un trato adecuado y a las familias se les separa y clasifica a partir de criterios de orden operativo y de seguridad.

En su opinión, la privación de la libertad de las personas debe transcurrir en un marco de respeto a los derechos humanos. La política migratoria basada en la detención y deportación debe terminar porque es anacrónica.

En tanto, el coordinador de graves violaciones de derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Alan García Campos, explicó que el informe señala que la política de detención es mecánica, automática que se basa en la detección, detención y deportación.

El hecho de que las autoridades están inhabilitadas legalmente para detener a una persona en situación migratoria irregular evidencia un ejercicio indebido de funciones e invasión de competencias. En ese sentido, se proponen medidas de transformación compatibles con los estándares internacionales con los derechos humanos las cuales deben ser tomadas por el ámbito legislativo.

El Congreso de la Unión, agregó, debe fiscalizar los recursos asignados, es fundamental que someta a un escrutinio escrupuloso el ejercicio del gasto público en esta materia.

Urgió a poner fin a la detención mecánica de migrantes en situación irregular; la modificación constitucional, en materia de Guardia Nacional, mandata al Congreso de la Unión a dotar una ley nacional sobre el registro de detención, por lo que consideró fundamental que en esa ley se incorporen todos los actos privativos de la libertad.

A su parecer, es prioritario aprobar la reforma a la ley de migración que pretende compatibilizarla con la legislación general en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, pendiente desde abril del año pasado, fecha en que el Senado de la República la aprobó.

Por institución de aistencia privada Sin Fronteras, Ana Saiz Valenzuela se refirió a la política de la nod etención en México e hizo verla importancia de visibilizar el problema, porque así las personas detenidas tendrán la posibilidad de acceder a un juez y a un defensor público.

Es relevante empujar la armonización de las leyes general de niñas, niños y adolescentes con las de migración y de asilo, porque la detención en México de personas menores de 18 años tiene que estar totalmente prohibida y erradicada, aseveró.

De acuerdo con la activista, se requiere un enfoque interseccional para tener un tipo de protección diferenciada para casos de discriminación de mujeres, embarazadas, indígenas, comunidad LGBTTTI; es necesario transparentar el ejercicio presupuestal y “adoptar un enfoque de derechos humanos no sólo en el discurso, que se vea reflejado en el presupuesto público”.

En tanto, la directora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Instituto Nacional de Migración, Isabel Velasco Luna, informó que trabajan en la construcción de una política pública con respeto a los derechos humanos, a fin de que las niñas, niños y adolescentes no acompañados no estén en las estaciones migratorias.

“Buscamos espacios adecuados, como albergues del DIF u organizaciones civiles que puedan dar un mejor alojamiento durante su proceso administrativo migratorio”, dijo la funcionaria federal.

Destacó la relevancia de que a la brevedad se modifique la ley de migración para que se retire el tema de que los niños deben estar en estaciones migratorias y quitar que el Instituto Nacional y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados determinarán el interés superior, porque no son las indicadas para hacerlo.

El investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Concha Cantú, expresó que la crisis humanitaria generada por la migración es un problema constitucional, jurídico y opera “por debajo de la mesa”.

La migración, detalló, ha crecido de manera desproporcionada en tan sólo 20 años. “Hoy abarca 244 millones de personas en el mundo, y esto es un desafío para cualquier estado”, porque se presenta como una amenaza a la seguridad y las fronteras.

De acuerdo con el académico, las condiciones de los centros de atención violan múltiples derechos porque están saturados, el alojamiento es indigno, a las personas no se les da información respecto a sus derechos y son maltratadas.

Ante ello, se debe despenalizar de facto; es decir, romper la regla de la detención inmediata porque ningún migrante irregular es criminal y no tiene por qué ser privado de su libertad, puntualizó.

NTX/GIR-JDB/MTG/MIGRA16