Ante la oleada de amparos que se espera lleguen en los siguientes días a tribunales contra la recién publicada Ley de Industria Eléctrica del Ejecutivo Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados planteó la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga los litigios y emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial.
Esto, indicó el diputado Antonio Ortega Martínez, permitiría también frenar la persecución del Presidente de la República contra jueces, como está ocurriendo en el caso de Juan Pablo Gómez Fierro.
“Desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido” como ocurre hoy ante López Obrador, por lo que alertó que una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo, podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país.
En este sentido agregó: ¿Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias?, señaló el perredista.
Recordó que tanto diputados como senadores y gobernadores, han coincidido en la necesidad de incorporar a la Suprema Corte en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica por lo que consideró que “esta es la oportunidad”.
Dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretendió dar la vuelta a una definición emitida en febrero pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte, y presentó ante la Cámara de Diputados, una ‘iniciativa preferente’ donde se modifican aspectos fundamentales de la Constitución de la República.
“El mandatario supo de las irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa. De hecho, en los próximos días se esperan 300 más”, advirtió Ortega Martínez.
Manifestó que en caso de que la SCJN tomara la decisión de atraer este debate, serán necesarios ocho votos, mismos que pueden generar cierta inquietud tomando en cuenta el proceder de ministros y ministras como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa, y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, quienes han destacado por sus posturas ambiguas en casos de sentencias polémicas.
“Habría que recordar que la Suprema Corte ha tenido votaciones de constitucionalidad resueltas por un voto de diferencia. Ministros como Norma Piña Hernández; Javier Laynez Potisek; Alberto Pérez Dayán; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales, y José Fernando Franco González-Salas, han actuado con definiciones clásicas, éticas, profesionales y académicas; pero en contrasentido, ha habido dudas de Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea”.
Dijo que estos dos ministros, por sus antecedentes en la toma de decisiones, más los votos de Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, pudieran significar una mayoría que declarara la ‘constitucionalidad’, y sumir al país en una mar de incertidumbre política, jurídica y de inestabilidad social, aun cuando la principal responsabilidad política de la Corte, es preservar el equilibrio entre los poderes de la Unión.
