Plantea PRI deducir pagos de servicios de telecomunicaciones y de luz por teletrabajo

La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, propuso que se puede deducir el pago de servicios de telecomunicaciones y de electricidad cuando se trate de teletrabajo.

Para ello, la legisladora mexiquense presentó una iniciativa que adiciona un tercer párrafo a la fracción V del artículo 27 y reforma las fracciones III y VII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Plantea que los pagos correspondientes por servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional del pago por servicios de electricidad que se realicen por concepto de teletrabajo, se puedan deducir siempre que las erogaciones sean efectivamente entregadas a los trabajadores y consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación.

Herrera Anzaldo manifestó que estos pagos los deberá asumir el patrón y no se considerarán ingresos para los trabajadores, siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado y conste por escrito en el contrato laboral respectivo.

Asimismo, en la iniciativa también se propone modificar los porcentajes máximos autorizados tratándose de activos fijos por tipo de bien del mobiliario y equipo de oficina, a 30 por ciento para los dedicados al uso en teletrabajo y 10 por ciento para los demás.

Tratándose de computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, el 40 por ciento para los dedicados al uso en teletrabajo y el 30 por ciento para los demás.

La priista manifestó que la intención de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores y establecer las reglas generales del teletrabajo, sobre todo ante el escenario de emergencia sanitaria que vive el país, quedaron pendientes elementos normativos que coadyuvarían a la correcta aplicación y certidumbre de la ley.

Finalmente, comento que la iniciativa busca dotar de certidumbre legislativa y cubrir los vacíos legales para el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el teletrabajo, durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, pero también como una forma permanente de relación laboral que implicará una inversión del sector productivo en favor de las y los trabajadores.