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PRD rota por año su coordinación de Diputados

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados decidió nombrar tres coordinadores de bancada, uno por cada año legislativo, como símbolo de pluralidad, informó el presidente nacional del organismo político, Manuel Granados. Durante el primer año legislativo que arranca el 1 de septiembre, el coordinador de la bancada […]


El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados decidió nombrar tres coordinadores de bancada, uno por cada año legislativo, como símbolo de pluralidad, informó el presidente nacional del organismo político, Manuel Granados.

Durante el primer año legislativo que arranca el 1 de septiembre, el coordinador de la bancada perredista, integrada por 21 diputados, será Ricardo Gallardo Cardona, quien cuenta con antecedentes penales por el presunto desvío de recursos durante su gestión como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí; mientras que Verónica Juárez Piña, asumirá la vicecoordinación.

Bajo la misma fórmula, en el segundo año legislativo, asume la coordinación Verónica Juárez y la vicecoordinación estará a cargo de Mauricio Toledo, ex asambleísta y ex delegado de Coyoacán, acusado en repetidas ocasiones como el responsable de actos violentos en contra de sus enemigos políticos, como las agresiones que sufrieron simpatizantes de Morena por parte de un grupo de “golpeadores” durante actos de campaña de su candidata Claudia Sheinbaum.

Para el tercer año legislativo fueron designados Raymundo García Gutiérrez, como vicecoordinador y Héctor Serrano en la coordinación, quien fue secretario de Movilidad en la Ciudad de México y es identificado como el operador político del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien también coordinará la bancada perredista, pero en el Senado.

“Hay unidad, hay congruencia hay un trabajo en equipo, y sobre todo, en las sesiones que hemos tenido los senadores y diputados electos han demostrado qué hay madurez política para ir frente a las otras fuerzas políticas”, señaló.

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El líder perredista, dijo que una vez designados los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras, habrá una reunión de todos los legisladores electos para integrar una agenda legislativa en común, en la que se privilegiarán temas como el aumento al salario mínimo, reducir el costo de la gasolina y disminuir los salarios de los altos funcionarios.

Respecto a la intención de la bancada de Morena, principal fuerza política en el Congreso, de echar atrás la Reforma Educativa; el líder nacional del PRD, dijo que los legisladores de su partido están abiertos a analizar su derogación, siempre y cuando no se vulneren los derechos de los maestros.

“Habrá como siempre, en el caso del PRD, la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación; seremos defensores de las y los maestros y abanderaremos sus causas, sin lugar a dudas”, precisó.

Después de hacer los nombramientos, también se refirió a la integración de Lázaro Cárdenas como jefe de asesores del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al señalar que todos los militantes del PRD están en su derecho y “libertad de participar en cualquier acción administrativa y politica, o de sumarse a otro tipo de proyectos”.

Aprovechó la oportunidad para externar su confianza en Lázaro Cárdenas para que aproveche la mayoría que tiene Morena en el Congreso y contribuya a “echar atrás” la Reforma Energética y con ello, revertir el gasolinazo.

Finalmente, señaló que como parte de un análisis financiero que realiza el partido, se analiza la posibilidad de regresar sus oficinas centrales al inmueble de Monterrey 50, en la colonia Roma, ante la reducción del 50 por ciento de sus prerrogativas, derivadas del pasado proceso electoral en el que el partido podría perder el registro en al menos 10 entidades.

Sin precisar de cuánto sería el ahorro, informó que el traslado de la sede nacional, ubicada actualmente en la colonia Escandón, permitirá flexibilizar los recursos del partido para el pago de multas electorales pendientes, entre ellas, una por 125 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2012 a su entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

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