Preocupa a expertos internacionales sistemáticos ataques contra el Poder Judicial desde la Presidencia de la República

Expertos internacionales y legisladores señalaron la importancia de mantener la autonomía e independencia del Poder Judicial, como el último de los reductos para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Advirtieron que en México y otros países, las injerencias de los Poderes Ejecutivos e incluso de los Legislativos en los Poderes Judiciales, para amedrentar a jueces e imponer decisiones y eliminar contrapesos, no son nuevas, y lo preocupante es que no han cesado.

Durante el seminario virtual convocado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para analizar la reforma al Poder Judicial, conocida como Ley Zaldívar, que contempla la ampliación del mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán dijo que esto puede provocar un precedente de que la Constitución pueda ser modificada a través de leyes secundarias.

“Ante las intenciones autoritarias y de ataque que ha tenido el Poder Ejecutivo que creo que nunca las habíamos visto de esta manera, o al menos en la historia reciente de nuestro país, para imponer aún en contra de nuestra Carta Magna la ampliación del periodo no únicamente del ministro presidente, sino también de los consejeros de la Judicatura y que esto abre la posibilidad y puede genera un precedente de que nuestra Carta Magna podría ser modificada a través de legislación secundaria, lo cual resulta muy peligroso”, advirtió.

Por su parte, el doctor Víctor Manuel Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, manifestó que en el caso de México son sumamente preocupantes y riesgosos los constantes y sistemáticos ataques a jueces y juezas, desde la Presidencia de la República.

Criticó que en el marco de las conferencias matutinas del Primer Mandatario, se lancen acusaciones generalizadas de corrupción, cuyo fin es debilitar la autonomía judicial, amedrentar a los juzgadores e inhibir posibles fallos contrarios a determinaciones del Ejecutivo.

Recordó que desde 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el informe y recomendaciones correspondientes a México, se planteó preocupación por la existencia de denuncias por “ataques” a jueces y magistrados por el cumplimiento de su labor, exhibición de sus nombres, imposición de medidas disciplinarias y traslados indebidos de juzgadores que emiten fallos que no coinciden con los intereses del gobierno.

Manifestó que a dos años de ese ejercicio, la realidad en el país no ha cambiado, sino que se ha agravado.

“En un solo párrafo el Comité de Derechos Humanos logró hace dos años tomar una fotografía que no sólo no ha cambiado, sino que se ha distorsionado más de manera negativa y preocupante”, apuntó.

Sobre la reciente reforma judicial, que amplió dos años el mandato del presidente de la Corte, el experto reveló el asunto se planteó ante el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, quien coincidió con los argumentos que se le presentaron sobre el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

“Tiene que ver con el transitorio donde, el Presidente utilizando el músculo político y el control del Congreso, imponen la presidencia de la Corte con una persona con nombres y apellidos, que es el actual presidente, denigrando de otra manera a cualquier otro que pudiera tener una perspectiva y el derecho, por ejemplo, el ser o participar a ser candidato. Nosotros también llevamos el asunto al relator sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, que prácticamente hace suyas las observaciones del Comité de Derechos Humanos”, indicó.

Lamentó que a dos años del informe del Comité de Derechos de la ONU, y en las condiciones actuales, las cosas en México han empeorado.

“El Estado no ha cumplido, el Congreso no ha cumplido porque más bien ha aprobado normativas que van contra estos estándares internacionales”, ante ello, agregó, el compromiso del Poder Judicial es mantener la rendición de cuentas y alejarse de las injerencias del Ejecutivo o del Legislativo, que pudieran incidir en su independencia.