Prisión preventiva debe delimitarse, consideran diputados de MC
La legisladora de MC planteó que su partido se mantiene contra la prisión preventiva y esta debe delimitarse para no violar derechos humanos
La diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía presentó una iniciativa para delimitar la figura de la prisión preventiva oficiosa que vulnera los derechos humanos y tratados internacionales que México ha suscrito.
Considero que la prisión preventiva oficiosa debe eliminarse, ya que es un modelo punitivo.
Indicó que la gran mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han coincidido y han sugerido que debe ser en el Poder Legislativo en donde se haga estos cambios a fin de delimitarla.
La legisladora emecista afirmó que tenemos un sistema de justicia ineficaz y rebasado, por lo que es imprescindible que se realicen cambios en la materia.
“El Estado tiene enormes deudas. Una de las más dolorosas es el acceso a la justicia. A la justicia de todo tipo. Vivimos con enormes desigualdades, con la frustración que generan los vacíos de autoridad, y, claro, con un sistema de justicia ineficaz y rebasado, que reproduce él mismo enormes injusticias”, enfatizó Julieta Mejía, como secretaria de la Comisión de Justicia.
“No se debe detener para investigar, se debe apostar por un modelo que investigue antes de detener. Se trata de un modelo ineficiente ante los altos índices de delitos. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, existen más de 86 mil personas sin sentencia en el país, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 del INEGI: el 46% de las mujeres encarceladas no tienen sentencia”, comentó.
Por ello, subrayó que la propuesta de la Bancada Naranja es para cumplir con los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la materia: que la prisión preventiva sea excepcional y no la regla.
Manifestó que la prisión preventiva oficiosa se debe justificar cuando el caso en concreto lo amerite, que el Ministerio Público acredite ante el juez la existencia de elementos probatorios suficientes que permitan comprobar que una persona ha participado en el delito del que se le acusa y que existe riesgo de fuga. “Y solo entonces”, concluyó la diputada de la bancada naranja.
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