Propone MC elevar a rango constitucional el concepto de familia

Elevar a rango constitucional el concepto de familia, con el propósito darle el reconocimiento jurídico y político pleno que establezcan sus derechos y obligaciones, propuso la diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco.

Asimismo, en la iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Carta Magna, se busca también garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las familias y de las personas que las forman.

La legisladora yucateca dijo que resulta fundamental trabajar para lograr la institucionalización de la familia y de todas sus acepciones.

En la propuesta, Ortega Pacheco resalta el derecho a decidir de manera libre, responsible e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas que corresponde a toda persona mayor de dieciocho años.

Se agrega el vocablo hijas, incorporando a la norma fundamental un lenguaje incluyente y libre de sexismos.

En la propuesta se precisa que todas las personas mayores de dieciocho años tienen derecho a elegir cónyuge y a contraer matrimonio libremente, con su pleno consentimiento, así como prohibir expresamente el matrimonio en personas menores a esa edad.

La legisladora plantea adicionar un párrafo tercero y cuarto, con el objeto de consignar que la familia en cualquiera de sus formas es el elemento natural y fundamental de la sociedad, se integra por quienes comparten lazos sanguíneos y/o afectivos, así como las corresponsabilidades al interior del hogar.

Asimismo, establece que todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado sin que medie discriminación alguna, por lo que la ley protegerá su conformación, organización y desarrollo.

En el párrafo séptimo, ahora noveno, se reconoce a toda persona el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, al ser éste un derecho humano y universal que no debe estar condicionado a la conformación de una familia.

Refiere que la protección a la familia está presente tanto en el ámbito constitucional como institucional; sin embargo, no hay un concepto de ésta, tampoco quedan explícitos sus derechos y obligaciones.

En la práctica, dicha protección o, mejor dicho, a los derechos de sus integrantes se realiza por medio de políticas y programas públicos, como el servicio de guardería, beneficios a jefas de familias, recursos a las personas de la tercera edad y, apoyos y beneficios de programas sociales, que se entregan a un integrante del núcleo y se entiende que son para la misma, señala.

“Es menester adecuar la Constitución Política a la nueva realidad de un Estado moderno y democrático. Si bien es cierto que el actual párrafo segundo señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, es necesario apuntar que dicho mandato resulta insuficiente, ambiguo e incompleto para los tiempos actuales y venideros”, destacó la legisladora emecista.