El senador Ricardo Monreal Ávila propone una pena de hasta más de 22 años de prisión a conductas ilegales que se realizan en el contexto de la pandemia de Covid-19, como el ofrecimiento de vacunas no autorizadas, venta de falsos negativos para poder viajar o falsificación de medicamentos, entre otros.
En su propuesta, precisa que esta sanción se impondrá a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que, por ende, no cuentan con el registro correspondiente para ser comercializadas y, mucho menos, suministradas a la población.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena precisa que en la Ley General de Salud se reformen diversos ordenamientos para sancionar, de manera severa a quien adultere o falsifique medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades trasmisibles con motivo de un brote o epidemia, y que no cumplan con los requisitos establecidos.
Además, incluir en el Código Penal Federal castigar, hasta con cinco años de prisión, a las personas que, a sabiendas de ser portadora de enfermedad declarada epidemia por la autoridad sanitaria, haga uso de certificados médicos falsos y pongan en riesgo a otros en el transporte ferroviario, aeronáutico, naviero o cualquier otro medio de servicio público federal o local.
Para el senador zacatecano lo anterior es conducente, toda vez que a esta conducta ilícita se agrega el agravante de aprovechar las condiciones de necesidad y urgencia provocadas por una contingencia, aspecto que no puede ser ignorado por el legislador para disponer una sanción más severa.
Considera que en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se agregue la obligación de los proveedores de informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades y calidad de los productos de alto consumo en una pandemia.
Sugiere otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de verificar que los proveedores implementen los protocolos de seguridad sanitaria ordenados por la autoridad de salud.
Lamenta que, durante la pandemia, este tipo de conductas han aumentado y afectan directamente la economía, salud e, incluso, la vida de la población mexicana y subraya que estos fraudes han dejado serias afectaciones, especialmente en grupos sociales en condición de vulnerabilidad.
Además, estos ilícitos han llevado a familias enteras a padecer no sólo la enfermedad, sino el engaño y el fraude, pues en la búsqueda de insumos médicos indispensables para sobrellevar los contagios, han sido víctimas de quienes, inescrupulosamente, atentan contra su estabilidad.
“En otras palabras, el contexto derivado de la pandemia actual se ha convertido en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda, mediante transacciones con sobreprecio o fraudulentas”.
