Para evitar que la ciudadanía sea violentada por deudas adquiridas, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Guadalupe Morales Rubio propuso incrementar las penas y sanciones, en una mitad, a quienes incurran en conductas de intimidación con la intención de requerir el pago, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento, intimidación o amenaza.
Actualmente, el Artículo 209 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, proponen prisión de seis meses a dos años y una multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
Durante su exposición en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, explicó que la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al Artículo 209 y se reforma la Fracción X del Artículo 231 ambas del Código Penal para el Distrito Federal, busca calmar y sancionar a los cobradores, que violentan, acosan y atemorizan a los deudores, que inclusive llegan a provocar alteraciones emocionales temporales.
Morales Rubio
Morales Rubio mencionó que debido al llamado y acciones que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de México para erradicar a los “montadeudas”, las denuncias y reportes diarios de números fraudulentos, ante la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pasó de 48 a 74 diariamente.
“En lo que va del año, el número de reportes alcanzó los 8 mil 360, de los cuales 58% fueron presentados por mujeres y 42 por ciento por hombres, las solicitudes de ayuda procedieron en 54 por ciento de los casos de la Ciudad de México y 46 por ciento del resto de las entidades entre las que sobresalen el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Nuevo León y Chihuahua”, se expuso en la iniciativa.
Situaciones reportadas
En cuanto a las situaciones reportadas 32% fueron por cobro a contactos, 18% cobro de deudas con amenazas o insultos, 15% por cobro de supuesta deuda, 11% difamación por supuesta deuda y, entre otras, amenaza con divulgar la deuda en 7% de los casos, según datos del Consejo Ciudadano.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.
ZG