Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado afirmó que cuando la educación superior no es universal y, sobre todo, si únicamente las élites acuden a las universidades privadas, como es el caso de México, se contribuye en perpetuar la desigualdad socioeconómica en el país.
Dijo que resulta necesario implementar políticas y medidas para garantizar una mayor inclusión y equidad en el acceso a la educación superior, advirtió la legisladora por Zacatecas.
Con el fin de contribuir a una mayor inclusión y equidad en el acceso a la educación superior, lo senadores Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña presentaron una iniciativa para que las universidades privadas otorguen becas de manutención que no estén condicionadas a un promedio específico.
Mediante una reforma a los artículos 1, 3, 6, 8, 10 y 37 de la Ley General de Educación Superior (LGES) se busca incorporar acciones afirmativas, medidas de nivelación, becas de manutención no dependientes del promedio y denominar a las instituciones privadas de educación superior como autoridades responsables en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Geovanna Bañuelos explicó que su propuesta pretende abordar estas desigualdades y promover un mayor acceso y equidad en la educación superior, mediante cambios a las políticas de admisión y financiamiento en las universidades privadas, tales como:
Establecer que los particulares que prestan servicios de educación superior tienen la obligación de cumplir y respetar la LGES) (Reforma artículo 1º, fracción I, LGES y se mandata que la educación deberá contribuir a la inclusión y justicia social mediante el desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico y económico del país. (Reforma a la fracción II del artículo 1º de la LGES)
Asimismo se mandata a las instituciones particulares de educación superior a promover y respetar el derecho humano a la educación superior y se les convierte en autoridades responsables en materia de la Ley de Amparo (Reforma al artículo 3º de la LGES) y se definen acciones afirmativas y medidas de nivelación para homologarlas con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Asimismo, se adaptan para evitar la discriminación por motivos socioeconómicos en las universidades privadas, al momento de elaborar las becas (Reforma al artículo 3º de la LGES) y se establece el interés superior del estudiante, en materia económica (Reforma al artículo 8º)
También se crean becas de manutención que deberán ser equiparables a tres salarios mínimos mensuales, en caso de que la universidad solicite al alumno no trabajar o le pida un promedio en específico (Reforma al artículo 10 de la LGES).
“Una de las principales barreras para el acceso a la educación superior en universidades privadas es el costo de la colegiatura y otros gastos asociados como el hospedaje, los libros y las actividades extracurriculares. Los estudiantes en situación de pobreza pueden verse desfavorecidos en el acceso a estas instituciones debido a sus limitaciones económicas”, advirtió.
Por lo anterior llamó a resolver de raíz estos factores, ya que pueden contribuir a una brecha en el rendimiento académico entre los estudiantes en situación de pobreza y sus pares de mayores ingresos.
“Para abordar estas desigualdades y promover un mayor acceso y éxito en la educación superior, es esencial implementar políticas públicas y acciones afirmativas que apoyen a los estudiantes en situación de pobreza y les brinden las herramientas y recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial académico y, sobre todo, ejercer sus derechos fundamentales”, subrayó la legisladora zacatecana.