Quienes aprobaron ampliación de Zaldívar al frente de la SCJN podrían ser acreedores a responsabilidades administrativas

Los actores políticos que aprobaron un transitorio al artículo décimo tercero constitucional para ampliar dos años más la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) podrían ser sujetos a responsabilidades administrativas, advirtieron especialistas.

El doctor Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que este artículo transitorio contraviene de manera obvia y clara el marco constitucional.

“Creo que es el caso del décimo tercero transitorio tan aludido, es tan obvio que va contra un supuesto específico explícito que está en la Constitución, que cuidado, porque todos estos actores políticos juraron guardar y hacer guardar la Constitución y eso sí tiene un significado y un significado específico. Y una cosa muy puntual es que cuando un funcionario no cumple con lo que tiene ordenado y entre otras cosas es proteger a la Constitución, es sujeto de responsabilidad”, remarcó el especialista.

Durante el seminario virtual de análisis sobre la reforma al Poder Judicial, organizado por diputadas federales de distintos partidos políticos, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirmó que la reforma al artículo décimo tercero es a todas luces inconstitucional.

“Existe confrontación en varios frentes por parte del Gobierno Federal y por su mayoría legislativa, preocupantes confrontaciones con jueces que han otorgado protección a quienes han buscado amparar contra decisiones normativas legislativas por parte del gobierno”.

“El presidente de la República se ha pronunciado también por la vigencia del 13 transitorio; es decir, avalando una decisión que es a todas luces inconstitucional. El transitorio viene a desasear claramente el principio de autonomía”, dijo

Ricardo Silvia, rector de la Escuela Libre de Derecho, manifestó que con este transitorio se enciende la alarma morada porque se rompe con la autonomía e independencia del Poder Judicial.

“Lo cual da una alarma ya no roja sino morada en este tema, una cuestión abiertamente inconstitucional porque se está alargando un plazo que no debiera alargarse. Son los once ministros los que deciden quién es el titular del Poder Judicial y aquí quiero ser claro, el titular del Poder Judicial no es el presidente de la Suprema Corte, son los once ministros y ministras”.

“En ese sentido, me parece que el transitorio lo que está haciendo es revertir esa decisión, rompiendo completamente, otra vez, esta necesidad de autonomía judicial, esta necesidad de independencia judicial”.

Al moderar los trabajos del seminario, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, subrayó que es necesario mantener en la discusión pública el tema de la reforma al Poder Judicial, en la que la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión impulsaron y defendieron la ampliación del mandato en la Corte.

Reiteró que la norma no ha sido oficialmente publicada por el Ejecutivo Federal, a sabiendas de las consecuencias que puede tener en el ámbito político y en el marco de las elecciones de este domingo 6 de junio.

La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega Martínez, dijo que una vez que sea promulgada a reforma por el titular del Ejecutivo se procederá a interponer la controversia constitucional.

“Yo creo que esto va a ser muy interesante muy importante para pues la acción que se pretende interponer, pero también para poner en el análisis social la importancia que hoy tiene en este tipo de reformas que trastoca nuestra vida institucional que trastoca nuestro sistema constitucional que pueden afectar la división de poderes y que pueden alterar nuestra democracia”, destacó.