Quieren comisión única que atienda casos de presos políticos

Enrique Guerrero Aviña, miembro del Colectivo Liquidambar y ex preso político, demandó la creación de una comisión única, “exclusiva e investigadora para todos los casos de presos políticos”, como el suyo.

Guerrero Aviña fue detenido en mayo de 2013, acusado de delincuencia organizada y secuestro. Por ello recluido en una prisión de máxima seguridad. Él formaba parte de movimientos sociales y participó en las manifestaciones en contra de la reforma educativa y energética.

Tras su detención, Guerrero fue torturado y abusado sexualmente y psicológicamente. En diciembre pasado fue liberado.

Él y el Colectivo Liquidámbar, del que forma parte, lanzaron cuatro demandas al nuevo gobierno:

Reparación integral del daño a todos los presos políticos, así como medidas reales y efectivas de no repetición.

Que la Secretaría de Gobernación atienda pronto todos estos casos y se liberen a todos los presos políticos y todos aquellos injustamente presos.

La creación de “una comisión única, exclusiva e investigadora para todos los casos de presos políticos”; una transformación de raíz del poder judicial

Por último, exigieron una discusión “sería y formal” que permita construir mecanismos legales permanentes que “posibiliten el seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y otras instancias internacionales”.

Por su parte Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y la Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación para Las Américas Amnistía Internacional, dijeron que es necesario revisar la figura de prisión preventiva.

Jarab recordó que Enrique pasó cinco años en prisión preventiva oficiosa, figura que dijo es problemática.

Jiménez Sandoval fijo que el caso del joven demuestra que el sistema de justicia en el país “no reacciona de manera pronta, adecuada o eficiente a la grave situación que se repite en muchísimos casos de la toma de evidencia ilegal para poner a personas en la cárcel”.

Dijo que este caso demuestra que México tiene un sistema de justicia capaz de aceptar fabricación de evidencia y usarla para dejar a alguien por años en la cárcel.

“Que nosotros, desde amnistía internacional hayamos documentado el caso de Enrique y hayamos lanzado la campaña internacional para su liberación y que todas las pruebas que nosotros presentábamos y que mostraba en ese caso la fabricación de evidencia y que fue ignorado por la PGR muestran que hay un sistema de justicia hecho para castigar injustamente a personas inocentes”, indicó.

Además, dijo que la figura de prisión preventiva oficiosa es nociva y ha causado mucho daño, “en vez de discutirse la eliminación de la figura preventiva se esté estudiando la manera de extender la categoría de ese delito”.