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Se gastan 95 mdp diarios por reos

 

El monto destinado es casi cinco veces el presupuesto total para seguridad pública


GILBERT GIL/ MARCIA CHI

En México, el gasto diario total que se eroga para mantener a los reclusos de los centros penitenciarios es de aproximadamente 95 millones 266 mil 800 pesos. Se gastan cerca de 28 millones 326 mil por los internos dentro del fuero común y 66 millones 940 mil pesos para los del fuero federal, lo que suma un gasto anual de más de 34 mil 772 millones de pesos.

Esto es casi cinco veces el presupuesto total para seguridad pública que se destina en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, poco más de 162 mil 38 millones de pesos.

De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, correspondiente a julio de 2016, la población penitenciaria de México es de 233 mil 469 reos. El gasto diario por reo es de 150 pesos en el fuero común y mil 500 pesos en el federal.

En nuestro país hay 17 centros federales, 278 estatales y 71 municipales; el cuaderno mensual presenta un total de 188 mil 842 reos por parte del fuero común y 44 mil 627 del fuero federal.

“El hecho de que se cobre una renta al Gobierno Federal por cada interno ha tenido como consecuencia que se afecten los derechos de estos últimos, ya que se han realizado traslados masivos a los centros de Contratos de Prestación de Servicios sin tomar en cuenta el lugar de residencia de los prisioneros y de sus familias, dificultando con ello que puedan recibir visitas y, por lo tanto, que se cumpla uno de los propósitos fundamentales de purgar la pena, que es la reinserción social”, se señala en el capítulo del Atlas de Seguridad 2016 llamado “¿Quién controla las cárceles en México?, escrito por los investigadores Elena Azaola y Maïsa Hubert.

El informe detalla que los seis centros penitenciarios que pertenecen al modelo de Contratos de Prestación de Servicios en cuanto al personal de custodia y de salud, y otros servicios, como la educación, la capacitación y el acceso al trabajo carecen de empleados suficientes, a pesar de estar previstos en el contrato y de ser imprescindibles para la reinserción social de los internos.

A seis años de distancia, hoy se cuenta con seis nuevos centros federales que operan bajo el esquema antes descrito, y si bien la sobrepoblación y el autogobierno han desaparecido, existen otros resultados que son preocupantes, de acuerdo con el estudio.

Tanto el Atlas de Seguridad como el informe de Privatización en cárceles de México, precisan que “a pesar de la relevancia del tema, las adjudicaciones se hicieron de manera directa, sin concurso público y sin que, a la fecha, se conozcan los criterios que se utilizaron para la elección de las compañías”.

Los investigadores Elena Azaola y Maïsa Hubert destacan en este informe que “resulta preocupante, como solución a la crisis penitenciaria se hubiese privilegiado únicamente la construcción de infraestructura, de centros carcelarios de grandes dimensiones, que han resultado sumamente costosos y que se encuentran subutilizados, ya que no se han puesto en marcha los programas educativos, laborales, deportivos y culturales previstos para la reinserción social de los presidiarios.

En la administración de Felipe Calderón se otorgaron contratos a seis empresas (ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco) para construir y operar ocho prisiones, que juntas significaron una inversión de 32 mil millones de pesos. El objetivo, según la entonces  Secretaría de Seguridad Pública (SSP), era liberar de costos administrativos y monetarios al Estado para disponer de infraestructura carcelaria.

Estos contratos estipulan que las empresas construyen, administran y gestionan la provisión de servicios a los centros penitenciarios por un periodo que puede ir de 20 a 30 años, mientras que el Estado les paga una “renta” y, al concluir el contrato, recibe las instalaciones, que pasan a ser de su propiedad.

Estos contratos tenían una inversión inicial de 32 mil millones de pesos, 4 mil millones por cada centro penitenciario.

Los contratos son a 22 años, la construcción y equipamiento se realizaría en dos años, y los 20 restantes estaban considerados para la operación y prestación de servicios.

Los servicios incluidos en el contrato son: limpieza integral y manejo de residuos; fumigación, control de plagas y fauna nociva; jardinería y mantenimiento de espacios exteriores, conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble; entre otros. La seguridad y custodios no están incluidos en el contrato, pues siguen siendo responsabilidad del Estado.